Ante la declaración de invalidez total del Decreto 690 por el que se reforman diversas disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad total en nuestra entidad, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, manifiesta que:
Como mecanismo para el adelanto de las mujeres, respetamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante observamos que no se realizó una revisión de fondo, al determinar la invalidez por el término de los 90 días que debieron mediar entre el inicio del proceso electoral y la publicación del decreto antes mencionado, razón por la que, sostenemos que su interpretación resuelve en un retroceso para el avance de los derechos de las mujeres, toda vez que con dicha publicación se otorgaron derechos y la invalidez misma afecta el orden público e interés social de las mujeres en el Estado de Morelos.
Es evidente que existe un problema público y real que es la violencia política contra las mujeres, por ello, el Estado de Morelos a través de la Mesa de Armonización Legislativa para la No Discriminación y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, hizo un esfuerzo por atender el llamado de la Secretaría de Gobernación y del Congreso de la Unión para legislar en la entidad lo antes posible las reformas político electorales armonizadas con las recientes reformas federales de paridad y de violencia política contra las mujeres. El 25 de mayo del 2020 presentamos ante la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, lamentamos que como resultado de la impugnación que hicieron los partidos políticos estatales y nacionales, nuestra entidad carecerá en el proceso electoral próximo de marco normativo para sancionar la violencia política por razón de género, lo que sin duda pone en riesgo la participación política de las mujeres en igualdad y libre de violencias.
Frente a ello y tomando como base la obligación del Estado como garante de los derechos de las mujeres; hacemos un llamado a las autoridades competentes, partidos políticos y a cualquier agente capaz de generar violencia política contra una mujer, conducirse con ética política, debemos mirar este problema con el compromiso de generar políticas públicas y derribar las barreras institucionales que impiden la Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Recordemos que la Ley no es más que una manifestación de la inobservancia a las obligaciones que a cada persona nos corresponden; si voluntariamente siguiéramos nuestras obligaciones, no necesitaríamos leyes que nos constriñan a actuar y a cumplir nuestros deberes. En otras palabras, si hay un compromiso ético real de su parte, ninguna invalidez legal podrá frenar el correcto actuar institucional en aras de la progresividad de los derechos de las mujeres plasmada en tratados internacionales de los que México es parte y en nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Hoy más que nunca es momento de que Instituciones, los poderes y los Partidos Políticos, generemos las condiciones necesarias para que las mujeres puedan participar en este proceso electoral libres de violencia.
Actualmente estamos trabajando con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) para procesos de capacitación en materia legislativa dirigido a actoras y actores estratégicos, ello en vías de prevención de que suceda en un futuro algo parecido.
Por lo anterior y en el marco de la conmemoración de los 67 años de la incorporación en la Constitución del derecho de las mujeres a votar:
- Hacemos un llamado a los poderes del Estado y a los partidos políticos para firmar un pacto de autonomía con el interés superior de garantizar el derecho de las mujeres a participar políticamente libres de violencias.
- Conminamos a las y los actores estratégicos para coordinar esfuerzos rumbo a la iniciativa de Ley 3 de 3 para que ningina persona con antecedente de violencia familiar, acoso sexual o deudor de pensión alimenticia pueda contender o permanecer en un cargo de representación popular.
