Aunque el Gobierno del Estado presentó oficialmente el «Plan Integral de Seguridad Universitaria», que busca blindar los espacios académicos mediante el fortalecimiento de la infraestructura y programas de prevención, la Resistencia Estudiantil UAEM ha respondido con un rechazo contundente a la narrativa oficial, bajo la indicación de que no existe un consenso previo. Mientras las autoridades presentan el plan como una solución concertada, el movimiento estudiantil asegura que se trata de una decisión unilateral tomada sin consultar a las bases que mantienen el paro actualmente.
En cuanto al eje de infraestructura, el Gobierno propone un despliegue masivo de dispositivos de monitoreo, luminarias y agentes de seguridad. Por su parte, los estudiantes cuestionan la falta de sustento técnico y transparencia en esta planeación. La Resistencia señala que no existen diagnósticos de riesgo públicos que justifiquen la distribución de estos recursos, calificando la medida como una «simulación mediática» que podría vulnerar la autonomía universitaria y la privacidad del alumnado mediante un posible monitoreo político.
Respecto al segundo eje, enfocado en Prevención y Bienestar, existe un punto de coincidencia parcial: ambos sectores reconocen la urgencia de atender la salud integral y la cultura de paz. Sin embargo, el contraste radica en la naturaleza de la medida. Mientras el Ejecutivo lo promociona como un avance de su gestión, los estudiantes aclaran que no es una «concesión gubernamental», sino el cumplimiento tardío de demandas históricas. Exigen que estas acciones no sean superficiales, sino que cuenten con presupuestos reales y permanentes.
Otro punto crítico de fricción es el alcance geográfico de la estrategia. Las autoridades han centrado gran parte de su comunicación en los resultados para las sedes principales, pero la comunidad estudiantil exige una descentralización total. La Resistencia subraya que la seguridad no debe limitarse al Campus Chamilpa en Cuernavaca, sino extenderse con la misma prioridad a todas las sedes regionales del estado, garantizando trayectos seguros para todos los universitarios sin importar su ubicación.
Finalmente, la brecha entre ambas posturas se hace evidente en los tiempos de ejecución. El Gobierno busca posicionar el plan como una respuesta inmediata, mientras que el estudiantado demanda una ruta crítica y un calendario verificable. Para la Resistencia, el plan carece de validez si no se transparentan los plazos de cumplimiento, advirtiendo que la seguridad de la comunidad no puede estar supeditada a tiempos electorales ni a promesas sin fecha de entrega concreta.
