Hasta el año 2000, cuando México experimentó su primera alternancia en el poder, los gobiernos priístas habían condicionado a la población, casi durante 80 años, a actuar frente a una esfera pública caracterizada por las redes de intereses que vivieron de explotar los poderes discrecionales a cargo del gobierno y la burocracia; de la indefinición permanente en prácticamente todos los rubros, y en suma de las reglas «no escritas». Los gobernantes concedían favores a cambio de lealtad.
Así funcionó el sistema priísta. Lamentablemente, el problema estructural se mantuvo en la era panista: desde la alternancia del poder decidida por los electores el año 2000, hasta 2012, cuando los mismos ciudadanos optaron por otras formas de gobierno. En 2012 a nivel nacional se votó por Enrique Peña Nieto, del PRI, y en Morelos por Graco Ramírez Garrido Abreu, del PRD.
Y así pretendieron algunos grupos de presión que siguieran las cosas bajo los actuales gobiernos. Para nuestro caso, el de Morelos, sobre ese escenario se han derivado la mayoría de conflictos enfrentados por la actual administración, y que tradicionalmente se resolvían por medios extralegales. Así las cosas, cada acción, comentario y decisión que ha tomado el gobernador se han juzgado bajo esos criterios. En los más de cuatro años que han transcurrido del régimen actual, el Ejecutivo ha marcado definiciones sobre los rezagos y vicios estructurales existentes. Y hasta ahora sigue teniendo oportunidades de manifestarse con respecto a diferentes temas y asuntos.
En casi cinco décadas de ejercicio periodístico he visto el proceder y estilo personal de diez gobernadores. Siempre enfrentaron las presiones de grupos políticos que pretendieron violar el orden legal. En contextos ya registrados por la historia morelense, algunos de esos mandatarios se prestaron a las componendas. Y es que los grupos de presión siempre colocan trampas para que el gobierno negocie la ley o se muestre dispuesto a modificar las normas vigentes.
Esto es algo que ocurría y sigue ocurriendo con facilidad, tanto por costumbre, como por el hecho de que las normas y leyes están diseñadas para que no exista alternativa.
Todo el sistema legal estaba (¿está?) diseñado para hacer posible la arbitrariedad. Dentro de ese estado de cosas, el gobernador no podía ni debía dedicarse a cambiar todo el marco legal vigente. Pero el gobierno se propuso no negociar las leyes, y sin pretender decidir cada resultado, la administración estatal ha salido ganando. Sostener ese nivel de disciplina ha sido y sigue siendo complicado y agotador.
El proceso ha sido complicado y lleno de altibajos, pero la población se está adecuando a las nuevas reglas del juego. No ceder un ápice ante las “reglas no escritas”. Esa es la cuestión.
Hoy observamos a quienes insisten en exhibir a nuestra entidad como un sitio sumido en la ingobernabilidad, con lo cual no estoy de acuerdo. Es necesario, pues, analizar algunos de los elementos que sostienen la gobernabilidad. A continuación desglosaré solo tres: A) Que el régimen sea legítimo y no necesariamente democrático. El gobierno estatal emanó de elecciones libres y competitivas. B) Eficacia en la gestión pública y capacidad para atender las demandas de la población. Los grupos sociales plantean demandas y varían de acuerdo al contexto histórico e ideológico, de acuerdo a lo que la sociedad cree que son las tareas de un gobierno; por ello lo auditan constantemente. C) Capacidad de integrar a todos los actores, que todos estén de acuerdo con el proyecto de gobierno. Cuando esto no ocurre se generan las crisis políticas que inciden en la gobernabilidad.
Es importante subrayar que a pesar de los forcejeos con determinados grupos de presión y la tensión por ellos generada, no ha aparecido la ingobernabilidad en Morelos (quiérase o no aceptar y pésele a quien le pese). Sin embargo, sí es preciso admitir que no ha existido suficiente pericia y decisión para aglutinar a los grupos de presión, ni de tejer alianzas con todos los actores políticos y sociales que, la mayoría de las veces, han pretendido canonjías económicas difíciles de satisfacer. La gobernabilidad se fortalece cuando se instrumentan mecanismos de negociación y solución de conflictos, de manera anticipada y no contingente.
