La regidora morenista, Carmen Genis Sánchez, denunció ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, IMPEPAC, al alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, por violencia política; señala vivir constantes presiones, trato discriminatorio y represalias por cuestionar el actuar del servidor público.
Asegura que a partir de que se negó a aprobar la cuenta pública del año 2022, en represalia se le negó de manera arbitraria y desproporcionada la entrega de los recursos necesarios para el desempeño del cargo de regidora. De la misma forma informó que ha afectado las funciones para las cuales fue electa al omitir convocársele a sesiones de cabildo, eventos y actos protocolarios institucionales.
Derivado de todos estos actos -explicó- se actualizan distintas causales previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la Ley General de Delitos Electorales y en el Código Penal, ya que la violencia política es un delito, además de que se violan convenciones internacionales e interamericanas de protección a los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio del poder».
En entrevista para El Financiero recordó que en mayo de 2023 presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, FECC, en contra del Alcalde por presunto desvío de recursos del erario público, misma que sigue en proceso. En ese entonces después de que la autoridad ministerial cateó el área de Tesorería fue víctima de hostigamiento por parte de seguidores del alcalde, de lo cual fue testigo la encargada de despacho de la Fiscalía Regional Zona Oriente, Rosa Isela Hernández Reyes, quien por coincidencia le acompañaba en una actividad con maestros.
Fue enfática al señalar que busca que existan las sanciones correspondientes porque este tipo de conductas es lo que ha propiciado que Morelos sea el estado con mayor número de feminicidios; además adelantó que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que revise el actuar del alcalde de Cuautla ante su intención de reelegirse.
Se dijo confiada en el actuar de las autoridades competentes, como lo es el IMPEPAC, su momento los tribunales electorales en sus diferentes instancias y en la Fiscalía Anticorrupción.
Mediante un boletín de prensa específico que «el costo del ejercicio político para las mujeres nunca debe ser la violencia y la discriminación. Los derechos políticos y electorales de las mujeres son derechos humanos y como tales se deben respetar y garantizar por parte del estado mexicano».
Por último dijo que la denuncia implica fortalecer a la democracia, dado que las últimas actualizaciones a la legislación federal permiten que se impida que los agresores y perpetradores de violencia, incluyendo la violencia política, continúen bajo un manto de impunidad, teniendo a su cargo la aplicación de recursos, la de toma de decisiones, la implementación de políticas públicas y llevando las riendas de un gobierno a través de la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Actualmente indicó contar con custodia oficial ante el constante asedio.