Las reformas a la Constitución, propuestas el pasado 8 de febrero por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, avanzan con el acelerador a fondo. Dadas los resultados de las votaciones unánimes a favor de las iniciativas ya dictaminadas, al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, podemos esperar que buena parte de ellas sean también aprobadas en el pleno, el próximo mes de septiembre, por mayorías muy amplias, contando con los votos de los partidos de oposicióny solamente con pequeños cambios de forma, pero no de fondo.
Si clasificamos las iniciativas en tres categorías, en la primera no habría resistencias, al contrario, tendrán el apoyo completo de la oposición. Las de la segunda, con algunas críticas o cuestionamientos, pero serán finalmente aprobadas. Y, la tercera, con un franco desacuerdo de la oposición. Solamente tres serán objeto de un profundo debate -la disminución de plurinominales y regidores, la Guardia Nacional como parte de la SEDENA y la elección popular de jueces, magistrados, ministros, consejeros y magistrados electorales. Tres serán cuestionadas -las relativas al maíz transgénico e hidrocarburos, la penalización a las llamadas “factureras” y la eliminación de los órganos autónomos. El resto pasarán sin problema alguno, o sea, las que significan beneficios sociales.
Las razones del visto bueno de los opositores a las modificaciones que se harán a la Carta Magna son claras, saltan a la vista: Sería absurdo, como ejemplos, oponerse a que el salario mínimo nunca se incremente menos que la inflación, reconocer sus derechos a las comunidades indígenas, reafirmar el derecho a la pensión para mayores de 65 años, garantizar la atención médica integral y gratuita a todos los mexicanos, el derecho al trabajo, la vivienda… y las demás. Los problemas que pueden encontrarse para la instrumentación de estas reformas son de tipo económico. Repercutirán, y ya desde inicios del próximo sexenio en la política hacendaria. En concreto, aunque no haya nuevos impuestos ni se contraten más empréstitos, sí pagarán más la mayoría de los contribuyentesy la deuda pública seguirá creciendo, teniendo esto impacto, sin duda, a largo plazo, en la inflación, por más controles que decida ejercer el Estado.
Sin embargo, no es lo mismo con tres de las iniciativas: El paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, sin que sea visto como militarización. La elección popular de jueces, magistrados, ministros y consejeros electorales, bajo el argumento de que así se acabará con la corrupción, pues no hay nada que lo sustente. Y la eliminación de los plurinominales, que de suyo daría, en la primera Legislatura en que se aplicara, todo el control político y económico al partido mayoritario, además de que, en consecuencia, provocaría la extinción de los partidos políticos, llevando al sistema electoral, a mediano plazo, a ser uno bipartidista, similar a como sucede en los Estados Unidos o Inglaterra, como se ha estudiado y demostrado, hace tiempo, por los politólogos, especialistas en estos temas. Estas tres reformas significarían, junto con la extinción de los órganos autónomos,incluso más concentración de poder de la que se vivió en la época hegemónica del PRI. Y ahí es donde está el riesgo de las reformas para la vida democrática y republicana que ha costado décadas comenzar a construirse.
Tendríamos que pensar si vale la pena que beneficios sociales de corto plazo, que de paso significan rendimientos políticos para el régimen, dejen comprometidas a las generaciones futuras. La única manera de evitar el colapso económico en unos años es generar crecimiento y desarrollo. Pero parece que eso es lo que menos importa al régimen actual, pues ninguna de las iniciativas del segundo piso de la 4T contempla algo al respecto.
Y para iniciados:
El pasado viernes presentamos la primera parte de las denuncias sobre corrupción y desvíos de recursos en el municipio de Xochitepec, presuntamente cometidas por el director de Protección Ambiental, Yeriel Agustín Ocampo Magaña, y, quizá, otros funcionarios públicos e individuos privados. Sabemos que autoridades y vecinos ya tomaron nota de este asunto y nos enteramos este fin de semana que podría haber mucho más de fondo y una larga historia relacionada con estos hechos. El priista, Roberto “Chalo” Flores, presidente municipal relecto, no ha comentado nada al respecto. Hoy, en la tarde, presentaremos una siguiente tanda de evidencias y datos que, por supuesto, también haremos llegar a las autoridades competentes.
La información es PODER!!!
