La división siempre ha sumido a nuestra gran nación en inestabilidad y en grandes desigualdades; la lucha por el poder y el dinero siempre ha dividido a nuestra sociedad. A lo largo de la historia política en México en la lucha por el poder, hemos transitado en una lucha entre liberales vs conservadores, después la lucha entre la derecha contra la izquierda, rayando ahora en una lucha de clases sociales sin sentido. Así hoy los partidos de oposición han centrado sus baterías en la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte el partido en el poder, montados en la euforia del triunfo, están felices con la atroz idea de elegir por voto directo a jueces, magistrados de circuito, a ministros de la Corte y hasta en el ámbito local, ahora para magistrados de los poderes judiciales; lo ven como una especie de venganza política.
Sin embargo la división de los grupos de poder no observan el problema de fondo, pierden de vista que una de las funciones más importante encomendada al estado se llama: “Justicia y que esta solo se puede garantizar con jueces independientes e imparciales” y desde ahorita les puedo asegurar que llevando a elección popular los nombramientos de nuestros jueces y magistrados, a través de este método de designación, no va a cambiar un ápice del sistema de impartición de justicia. ¿A quién quieren engañar?
La reforma contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.1 pues no se estaría garantizando una justicia independiente e imparcial.
Nadie puede negar que el sistema de impartición de justicia en México tiene algunos problemas serios, que llevan a un alto grado de desconfianza en la sociedad y podemos coincidir que el mayor problema de la justicia lo tenemos en el algunos casos en la justicia local y no el poder judicial federal. Los órganos internacionales, la sociedad organizada y las estadísticas demuestran los índices de impunidad, la lentitud en los juicios, la cantidad de personas encarceladas por prisión preventiva y la corrupción en algunas áreas del sistema judicial, son evidencia de que necesitamos una reforma de fondo, y el aseverar que el problema lo vamos a resolver llevando a elecciones la designación de los altos funcionarios judiciales es un gran engaño. Aclaro con la experiencia de 30 años como funcionario público e impartidor de justicia; que existe gente valiosa dentro de los poderes judiciales con experiencia, con elevado conocimiento del derecho, con altos estándares de calidad ética y moral que aman la justicia; sin embargo, también se equivocan al pensar que la justicia comienza y termina en el poder judicial. Estamos tan acostumbrados a hacer reformas sin el análisis de fondo de los verdaderos problemas.
El problema del sistema de impartición de justicia en México -así hay que entenderlo como un sistema-; comienza con las corporaciones e instituciones de policías y que estos están subordinados al ejecutivo. Por ejemplo, no olvidemos que un buen día decidimos que el primer paso de la justicia penal descansa en el informe policial homologado que deben redactar policías que muchas de la veces no están capacitados o peor aún, algunos compañeros no saben leer ni escribir y me refiero a todos los niveles sean municipales, estatales o de la Guardia Nacional.
Y aquí cabe la pregunta: ¿Ustedes creen que con estas supuestas deficiencias la justicia mejorará nombrando a los jueces por elección popular?
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Les adelanto que como juzgadores tenemos o tuvimos poco que hacer si de origen las investigaciones sobre lo que se tiene que juzgar en algunos casos están mal.
Otro problema lo tenemos con algunas fiscalías en el país. Con mi experiencia les puedo decir que sostener una vinculación o una sentencia muchas veces fue altamente complicado; porque muchas carpetas desde la investigación y la acusación son altamente deficientes. Quizás una de las razones sea que muchas instituciones de las fiscalías no tienen suficientes recursos presupuestales, capacitación, profesionalización, autonomía para investigar y si no trabajamos más sobre esto último, el trabajo de la investigación seguirá siendo en algunos casos deficiente.
En síntesis el problema que asevera el gobierno en turno de la justicia en México no se resuelve con elecciones populares de sus jueces; cuando en realidad lo que se busca con esa reforma es tomar el control del poder judicial, a sabiendas del principio de la división de poderes. A nivel federal se requiere un mayor presupuesto y más jueces y magistrados federales. En el ámbito local por ejemplo el sistema de justicia, en su caso, requiere de una profunda reforma que va desde sus procedimientos de designación, que deben ser a través de convocatorias escolarizadas, mediante concursos de oposición e institucionalizando la carrera judicial y no por elección popular. En síntesis a México le urge una profunda preparación y profesionalización de los policías, los fiscales, sus operadores y todos los funcionarios judiciales. Una revisión constante de su actuar, de una verdadera transparencia de su patrimonio y de sanciones fuertes a los malos funcionarios judiciales.
La reforma judicial que se busca aprobar en los próximos días, tiene una alta dosis de peligro y de engaño, pues serán designados miles de jueces y magistrados federales, cientos de magistrados locales; vía el ejecutivo federal y por el grupo mayoritario del Congreso de la Unión, quienes serán ellos los que propondrán a los electores sus candidatos, esto es más grave de lo que pensamos. Lo anterior pone en riesgo la autonomía e independencia de los juzgadores, pues en su mayoría serán personas cercanas al gobierno en turno y con ello los poderes ejecutivo y legislativo, tomaran el control del poder judicial.
Toda reforma requiere una discusión amplia, sensata y que se tome el tiempo que se tenga que tomar. Lo primero es que el gobierno, los partidos y la sociedad comprendan que el poder ejecutivo no puede tomar el control del poder judicial; que sin jueces autónomos e independientes están en riesgo la libertad de todos y todas, nuestros derechos, nuestros bienes y por supuesto nuestros derechos humanos; así que sin una justicia independiente e imparcial no habrá paz social.
Hasta aquí: “Justicia y Libertad”
