Unas más de las afectaciones en las que debemos reparar son aquellas que el Poder Ejecutivo ha infringido contras las instituciones constitucionalmente autónomas. Si bien se han ido fraguando a lo largo del sexenio, fue a inicio del penúltimo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando advertimos sobre su radicalización. Y así sucedió.
Los órganos autónomos e independientes del Ejecutivo fueron concebidos como contrapeso al excesivo y preminente poder presidencial que padeció México alrededor de siete décadas consecutivas. Van desde la creación de una Banco Central en el que no tuviera injerencia alguna el presidente más que para proponer a sus integrantes, hasta organismos reguladores que revisaran, supervisaran y, en su caso, sancionaran las políticas y decisiones de los órganos dependientes de la presidencia de la República, pasando también por la construcción de instituciones electorales independientes y autónomas. Por cierto, todos ellos fueron exigencia de los grupos opositores de la izquierda mexicana.
En su radicalización, López Obrador ya reconoció en una de sus más recientes mañaneras que no le dio tiempo para desmantelar a estos órganos, que eso ya será tarea de quien lo suceda en el cargo, aunque insistirá enviando iniciativas de reforma constitucional, que sabe de antemano solamente podrían ser aprobadas si logra la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, en las próximas elecciones.
Su argumento principal es que estas instituciones son producto de la simulación, que fueron creadas para proteger los intereses de la oligarquía, nunca han estado al servicio del pueblo y se encuentran podridas y corrompidas. Pero si a esas vamos, tendríamos que desmantelar todo el sistema político, jurídico y administrativo de México, porque por donde usted le busque habrá elementos para señalar la imperante corrupción, burocratismo, nepotismo, tráfico de influencias y demás males que el presidente dice que ya no se permiten, pero que siguen existiendo bajo sus narices.
No se puede negar que integrantes y representantes de estas instituciones se han corrompido, pero ha sido tanto como también se ha corrompido el Legislativo o el Judicial. Bajo la lógica de López Obrador, como lo anticipó desde el 2006, habría que mandar al diablo todas esas instituciones y no solamente las que no convienen a su proyecto político. Habría que refundar México, pues, propuesta que fue impulsada por personajes históricos como Heberto Castillo y Porfirio Muñoz Ledo. Pero Andrés Manuel no quiere eso, no desea una nueva Constitución, sino solamente adecuar la ya existente para que su proyecto no tenga obstáculos en el camino.
En eso, no tiene ninguna diferencia con los presidentes que lo antecedieron, como tampoco la tiene en que ninguno de ellos pudo lograr todos los cambios que se propusieron. En lo que sí los rebasó es en la descalificación pública contra todo y todos los que no piensan como él.
De ahí que desde la trinchera mañanera y en sus muy cuidadas presentaciones públicas arremete contra los órganos autónomos de una forma feroz y mezquina. Polariza la opinión cual influencer político. Estudio aparte merecerá esa faceta de López Obrador, el influencer político.
El daño a las instituciones ya está hecho, no ha podido culminar su propósito, pero insistirá.
Y para iniciados:
La legislación electoral quedó obsoleta, al menos para esta primera parte del proceso electoral 2023-2024. Los principales partidos políticos le dieron la vuelta a las normas y no recibieron ninguna sanción severa por parte de las instituciones electorales. Por un lado, la sobrerregulación y, por otro lado, los vacíos en la reglamentación de esas leyes permitieron a los partidos, a iniciativa del propio Ejecutivo Federal, hacer, dicho coloquialmente, lo que les viniera en gana. ¿De qué sirve tener plazos y reglas establecidas si son tan fáciles de evadir? Mire usted: hoy vence el plazo para las precampañas a la gubernatura, ayuntamientos y diputaciones, pero la realidad es que han estado en precampaña desde hace meses. De hoy y hasta el 31 de marzo que comienza la campaña para la gubernatura, veremos si de verdad cumplen con las disposiciones y, lo mismo, pero con fecha 15 de abril, para diputaciones y ayuntamientos.
La información es PODER!!!
