Denuncia la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a exfuncionarios de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT)por su responsabilidad del socavón del Paso Exprés sufrido en 2017.
Según la ASF, directivos del Centro SCT Morelos y de la Dirección General de Desarrollo Carretero estarían involucrados y determinó un daño al erario por 101.4 millones de pesos, debido a obras de reparación del libramiento, cuyo costo inicial fue de aproximadamente mil 400 millones de pesos.
Como se recordará, la dirección en ese entonces estaba en manos de Carlos Bussey y de la delegación estatal de la SCT que comandaba en ese entonces José Luis Alarcón. Ambas instancias son señaladas por la ASF como las principales responsables del incidente que provocó el fallecimiento de dos personas que circulaban por la vialidad.
La denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) aclara que al consorcio contratista integrado por la española Aldesem, de Antonio Rubio Fernández, y Epccor, de Juan Diego Guitérrez Cortina no pueden fincársele responsabilidades por los daños.
En su análisis de hechos, la ASF logró documentar todos los reportes y alertas que pobladores de la zona, la Comisión Estatal del Agua de Morelos, la Dirección General de Protección Civil Cuernavaca y hasta las contratistas encargadas de los trabajos de construcción, hicieron con anterioridad a los responsables del proyecto respecto a los riesgos de “socavamiento”, como la problemática que existía respecto al drenaje.
También tendría responsabilidad jurídica en esta denuncia la firma encargada de la coordinación general del proyecto de ampliación del libramiento, identificada como SACC Ingeniería, que ignoró incluso las propuestas técnicas de solución al problema de drenaje.
Todos los actores coincidían en que la simple sustitución de un tubo de drenaje con diámetro de 1.22 metros era suficiente para evitar la catástrofe, sobre todo porque el canal pasaba debajo del Paso Express.
Sin embargo, la respuesta de la SCT a las recomendaciones fue contundente, y puede leerse en el “Reporte de Problemas, Seguimiento y Soluciones” elaborado por la dependencia y representantes de SACC en octubre de 2016.
“Se le informa a la empresa constructora que el reforzamiento de la tubería de concreto con 1.5 metros de diámetro, de la obra de drenaje del km. 93+857 (kilómetro 93+857.03), no se construirá conforme al proyecto: se deja como está y posteriormente se harán estudios en la zona. De momento se resolverá una obra reguladora.”
La Auditoría Superior de la Federación pone énfasis en la premura con la que la SCT realizaba la obra, sin respetar los plazos a los que legalmente se habían comprometido las constructoras.
La obra estaba programada para entregarse el 30 de junio de 2017, pero una orden desde la Dirección de Seguimiento y Control de Obra dictó que ésta fuera entregada el 31 de marzo de ese mismo año.
Se desprende que, por la urgencia de que el entonces presidente Enrique Peña Nieto inaugurara el Paso Exprés antes de la campaña electoral de 2017, la SCT obligó a los contratistas a ejecutar los trabajos de construcción del cuerpo izquierdo del libramiento en tan solo 24 días, cuando el cuerpo derecho de la estructura les tomó 180 días.
Posteriormente, según la denuncia, el 12 de junio de 2017 personal de la Dirección General de Carreteras realizó una reunión de trabajo para definir la situación del costo de la obra que ya estaba en operación.
Volvieron a tocar el tema del kilómetro 93+857 y, ante la insistencia de las constructoras, se definió en la minuta final que “Se cotizará el hincado para sustituir el tubo existente”.
Pero un mes después, el Paso Exprés colapsó justo en ese tramo.
