La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) declaran que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.
Su aprobación en estos términos, dañaría además seriamente a la competitividad del País y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.
Ante ello, hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la
subcontratación especializada.
También rechazamos que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.
La responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo, el Infonavit y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.
Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría.
Queremos dejar en claro que estamos a favor de las practicas legales que favorecen la creación de empleo y promueven a inversionistas con dimensión social.
Reiteramos nuestra disposición de mantener el dialogo abierto y franco en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal y, en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice nuestra posición en esta
materia: Regulación sí, Prohibición no.
Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses.
Esta libertad de contratación debe permitirse sin más límites que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de seguridad social de las empresas y desde luego, la creación de más y mejores empleos, de tal manera que los trabajadores contratados
bajo esa modalidad tengan un ejercicio pleno de sus derechos.
