Al desaparecer el INAI, la tutela de derechos como el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales quedará fragmentada entre la Secretaría de la Función Pública, el órgano de control del Poder Judicial y las contralorías de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, se pierde la autonomía e independencia del órgano de transparencia. Lo cual es un enorme retroceso en la luchas ciudadanas.
Dado que los derechos quedarán sujetos a instituciones con intereses, competencias y estructuras diversas, de índole política y judicial, la fragmentación que se propone afectará la certeza, objetividad, claridad y equidad en la aplicación de este derecho, así como la reducción en la transparencia y la rendición de cuentas.
En cuanto a la tutela de datos personales en posesión de particulares, el partido en el poder propone que las atribuciones pasen al Ejecutivo federal, conforme lo que se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Esto representa otro retroceso, ya que la vigilancia y protección de datos personales requieren de un organismo técnico e imparcial, con la capacidad de evaluar y responder con neutralidad ante los abusos o violaciones de privacidad, no una dependencia del Ejecutivo con potencial de intereses de control o intervención. Evitemos un riesgo que nos afectará a todos.
Nos encontramos en una encrucijada de cambios tecnológicos en el que los datos, las brechas digitales, las regulaciones y vigilar que no haya monopolios que pongan en riesgo a la sociedad es clave para evitar riesgos futuros a muy corto plazo.
Herramientas como la inteligencia artificial generativa nos han puesto en un dilema fuerte sobre cómo proteger nuestra huella digital de aquellas empresas que se aprovechan del desconocimiento de muchos para acceder a nuestros datos, robarlos en muchas ocasiones, con fines que desconocemos, como es el caso del fraude de Worldcoin, de Tools for Humanity, y los grandes desarrolladores de IA como OpenAI, Meta, Microsoft, Google, entre muchos otros.
En México, contamos desde hace tiempo con organismos constitucionales autónomos que buscan ser extinguidos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Estos organismos desempeñan una labor esencial en la tutela de derechos fundamentales, la regulación sectorial y actúan con un perfil técnico y especializado indispensables para la defensa de los derechos a la información, la protección de datos, la comunicación y la transparencia.
La autonomía técnica y la independencia política de estos organismos es un principio fundamental para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad y un requisito indispensable para evitar que las políticas públicas, regulaciones, resoluciones y decisiones en estas áreas tan sensibles queden sujetas a intereses políticos.
Imaginen que, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, habrá una total flexibilización y eliminación de las órdenes ejecutivas impuestas en esa nación para, si no regular, al menos proteger el mal uso y los malos entrenamientos de las IA generativas en temas de sesgos que afecten a las sociedades.
Ante ello, y el esfuerzo desmedido que habrá para usar nuevamente a diestra y siniestra energías fósiles para crear una gran cantidad de centros de datos que sirvan para impulsar el desarrollo y entrenamiento de estas herramientas tecnológicas en pro de ganar la carrera tecnológica a China, México puede padecer consecuencias inimaginables presionado por la administración que entra en enero de 2025.
En el caso del IFT, la extinción de este órgano implica que sus atribuciones serán asumidas por el Ejecutivo federal a través de la dependencia encargada de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, aun cuando ha demostrado en varios sexenios ser un mecanismo con escasa eficacia.
