Sin necesidad de ser docto en el análisis sociológico o psicosocial puede afirmarse que uno de los responsables del linchamiento de dos hombres en Huitzilac, el miércoles de la presente semana, fue Ulises Pardo Bastida, remedo de presidente municipal quien durante meses desatendió todos los asuntos de la localidad, con el objetivo de convertirse en diputado local “indígena”, lo cual no consiguió porque mintió respecto a tener esa calidad: la de ser reconocido como portavoz o representante de comunidades étnicas.
Por eso en su cara, varios de los líderes de la movilización social o incitación a la violencia que terminó con dos asesinatos le espetaron que carecía de calidad moral, ética y hasta política para negociar y tratar de rescatar a los dos sujetos, ambos con antecedentes penales, a quienes la muchedumbre capturó acusándolos de “robachicos”, mantuvo cautivos, torturó y finalmente mató. Mandaron a la goma al tal Ulises Pardo, se perdieron valiosas horas para un posible rescate y vino lo que ya se esperaba: los hombres acabaron linchados y quemados frente al Palacio Municipal, ante la presencia de policías y guardias nacionales. Se decidió no emplear la capacidad de fuerza, ante el temor de que hubiese graves daños colaterales.
El espíritu de Fuente Ovejuna (Lope de Vega), o hacer justicia por propia mano, evidencia los cruciales momentos de crisis por los cuales atraviesa el aparato judicial y policiaco en el país, al mismo tiempo de mostrar el alto grado de inconformidad de la sociedad ante la impunidad, el abuso, la prepotencia policiaca y desde luego la inseguridad.
En la acción colectiva que hemos descrito se encuentra como elemento recurrente la presencia de uno o varios actores anónimos que no podemos encontrar en escenarios previamente construidos, sino sólo en aquellos que adquieren unidad en la espontaneidad, en la masa, pero carece de unidad cuando la acción se prolonga por periodos largos.
Durante lo ocurrido el miércoles me llamó la atención que el presidente municipal conocía y llamaba por su nombre a varios de los incitadores a la violencia. Es decir, no hubo el mismo anonimato que en otros casos parecidos. La Fiscalía General de Morelos, en caso de que busque aplicar la ley, evitar la impunidad y sancionar a alguien por el doble asesinato, tiene elementos probatorios de sobra.
Los linchamientos en Morelos, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Guadalajara, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Puebla, en los cuales comunidades enardecidas deciden hacer justicia por propia mano, son el objeto de mi reflexión, considerando que:
Primero, son actos violentos en los cuales fragmentos de la sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad, la negligencia de jueces, policías y funcionarios públicos.
Segundo, la violencia social, tiene carácter político en la medida en que se cuestiona el orden político y social existente.
Tercero, la acción social-colectiva pretende reestablecer el orden, aunque sea por medios violentos.
Tres de las preguntas que guían la presente reflexión son las siguientes:
¿Por qué las instituciones públicas son cada vez menos eficientes para la solución de los conflictos?
¿Por qué en México, en los años recientes han crecido el número de linchamientos, motines en las cárceles y rebeliones en distintos estados?
¿Por qué la forma de solución de los conflictos es cada vez más violenta? En 2020 hubo a nivel nacional más de 200 linchamientos, la mayoría con resultados fatales.
