A nadie asombran los resultados de las encuestas, presentados ayer por Claudia Sheinbaum,respecto a la propuesta de reforma al Poder Judicial. Según los tres estudios, los entrevistados están a favor de todas y cada una de las modificaciones constitucionales que propuso Andrés Manuel López Obrador, incluida la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros.
Quizá ni se necesitaba gastar dineros públicos de las cuentas bancarias de Morena para contratar dos encuestadoras, además de que el partido llevara a cabo la suya. Con una de las tres habría bastado para el propósito que, dijo Sheinbaum, era únicamente obtener información. Sin embargo, nos parece que, como fueron tres, los objetivos son más. Al menos, reducir la desconfianza de la opinión pública en los resultados, contando connúmeros similares en todas. En consecuencia, también dotar de legitimidad a la reforma, argumentando que eso es lo que quiere el pueblo.
La ruta ya está marcada. Primero, el anuncio de que la reforma será aprobada en septiembre, antes de que finalice el periodo de gobierno de Andrés Manuel. Luego, una amplia consulta propuesta por Claudia, que comienza con las encuestas. Y aunque el presidente, López Obrador, ha insistido en que ya se sabe lo suficiente sobre la iniciativa que envió al Congreso, Ricardo Monreal presentará pronto el formato del Parlamento Abierto, en el que se escucharán las opiniones de los interesados en el tema.
Así como no fue nada difícil prever los resultados de las encuestas, tampoco tiene complicación alguna el saber que en el Parlamento Abierto se escucharán a todos quienes disientan en un sentido u otro, pero de ahí a que se haga caso y haya alguna modificación sustantiva a la iniciativa de reforma hay un trecho muy extenso. Para decirlo en forma un tanto jocosa, si la fórmula del proceder legislativo de Morena en estos más de cinco años se repite, para variar, pero sin perder la costumbre, todas las voces serán escuchadas, pero a la iniciativa del presidente no le cambiarán ni una coma y así será aprobada en la Cámara de Diputados. Faltará ver si reúnen los votos suficientes en el Senado, pero no se antoja tan complicado que puedan lograrlo.
Nadie puede estar en contra de la idea que anima la reforma: la limpia de corrupción en el Poder Judicial. La propia experiencia de quienes han tenido que enfrentar querellas judiciales, de todo tipo -civiles, familiares, mercantiles, penales o las que sean- tienen claro que efectivamente los juzgados y las salas están envueltos en tramas de corrupción inocultables.
Pero la discusión de fondo no está ahí, sino en si la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales es la vía correcta para combatir la corrupción. Si no derivará en que, dada la intromisión que ya vimos de intereses hasta del crimen organizado en los procesos electorales más recientes, no será que también intervengan en forma ilícita para apoyar a quienes convenga y sacar de la jugada o hasta eliminar a los que no.
Imagine usted la primera campaña para elegir en las urnas, en principio, a magistrados y ministros. ¿Tendrían que aplicar un protocolo de seguridad para los candidatos como el que se tuvo para el proceso electoral de este año? ¿Habrá aspirantes que sean amenazados para bajarlos de la contienda, sufran atentados o de plano sean asesinados para que no lleguen a ocupar los cargos? Ya de por sí los jueces, magistrados y ministros honestos corren severos riesgos. ¿Qué sucederá si ahora los mandan a campaña electoral?
Aunque importante, eso es sólo una parte del debate. También está la autonomía del Poder Judicial y la calidad de la impartición de justicia, pero todo pasa por si debe llevarse a elecciones o no a los aspirantes, sabiendo que el régimen actual cuenta con una maquinaria electoral, tan aplanadora como en la mejor época del partido hegemónico que fue el PRI.
Y para iniciados:
Las impugnaciones a diferentes elecciones ya están en curso. No obstante que las constancias de mayoría y las de representación proporcional fueron entregadas en su totalidad, tenemos claro que, dados los antecedentes y los criterios emitidos por los tribunales con anterioridad, sin duda habrá reasignaciones en la distribución de regidurías y muy probablemente en la composición del Congreso. La mayoría calificada en apoyo alpróximo gobierno estatal todavía no puede cantarse como un hecho.
La información es PODER!!!
