Para frenar los constantes abusos cometidos por particulares en la prestación del servicio público de grúas de arrastre, corralones y depósito de vehículos, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, impulsó la iniciativa de ley por la que se regula dicha actividad.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora presentó ante el Pleno del Congreso del estado la propuesta de «Ley del Servicio Público de Grúas de Arrastre, Corralones y Depósito de Vehículos para el Estado de Morelos», que tiene como finalidad establecer las reglas de operación de los llamados «depósitos vehiculares».
La legisladora expuso que durante muchos años los ayuntamientos han cedido en concesión la prestación del citado servicio público a empresas que, constantemente, violan las leyes de ingresos municipales al aplicar costos abusivos en perjuicio de los ciudadanos.
Flores Espinoza expuso que los automovilistas son obligados por las autoridades municipales a utilizar el servicio de los depósitos particulares, cuando no tienen el carácter de oficial.
«Los ciudadanos se encuentran actualmente en estado de indefensión ante estos abusos, ya que la autoridad remite de oficio sus vehículos a estos corralones bajo el argumento de que se trata de los servicios oficiales, sin embargo, los administradores y concesionarios al momento de realizar los cobros, argumentan ser particulares sin relación alguna con los Ayuntamientos, a pesar de tener los logotipos oficiales de los Ayuntamientos en su documentación, instalaciones y vehículos», manifestó.
Por lo anterior, la diputada por el Primer Distrito en Cuernavaca propuso establecer el marco normativo que regule dicha actividad, para terminar con los abusos cometidos por los particulares.
«La presente iniciativa no tiene por objeto restringir a los particulares de realizar estas actividades, ya que se les reconoce como servicios particulares; el objeto es que los corralones y servicios de grúas y arrastre que soliciten las concesiones para obtener el carácter de oficiales se rijan por los costos, conceptos y tarifas que la Ley establece a los Ayuntamientos por la prestación de estos servicios», añadió.
La inciativa de ley establece como autoridad facultada para vigilar la operatividad de los depósitos vehiculares a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y a los ayuntamientos para establecer los conceptos por el multiplicado servicio público.
