Como cada 24 de marzo, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, proclamado el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El derecho a la verdad consiste en que todas las víctimas, sus parientes y la sociedad en su conjunto conozcan qué sucedió ante las violaciones graves a los derechos humanos.
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado honramos la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, destacando la importancia precisamente del derecho a la verdad y la justicia.
También, rendimos tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese inconmensurable esfuerzo.
El derecho a la verdad cobra especial relevancia en los casos de personas desaparacidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas.
Morelos atraviesa por una situación de emergencia frente al fracaso de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para prevenir los homicidios, feminicidios, desapariciones y secuestros, lo cual representa una tragedia humanitaria que ha traido consigo diversas consecuencias sociales, jurídicas y políticas.
El sistema de justicia en su integridad está fallándole a las víctimas y esto genera un efecto de complicidad o encubrimiento a los responsables de estos fenómenos tan lacerantes.
Esa incapacidad de la autoridad que tiene a su cargo nuestra seguridad, propicia una violación sistemática, permanente y pluriofensiva de los derechos humanos, que además de producir un daño irreparable a las víctimas, importa sufrimiento en los familiares, quienes en el caso de las desapariciones ignoran el destino final de su ser querido, generando en ellos un temor que perdura de manera indefinida, así como la incertidumbre de conocer su paradero, situación que produce un deterioro económico, físico y mental de sus miembros.
De ahí la importancia del derecho a la verdad, cuyo deber de garantía recae principalmente en la Comisión Estatal de Búsqueda y en la Fiscalía General del Estado, esta última por ser la instancia a quien compete, con los medios a su alcance, la investigación seria de estos delitos en el ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, para que después sea en el Poder Judicial del Estado donde se les imponga las sanciones pertinentes, sin dejar de mencionar el deber de asegurar a las víctimas una reparación integral del daño.
Por esta razón, exigimos a todas las autoridades federales, estatales y municipales, con el más alto grado de diligencia y voluntad, la reanudación inmediata y coordinada de los trabajos de exhumación e inhumación de las fosas de Jojutla, privilegiando el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, que es lo que se debe anteponer a todo lo que estorbe a ese propósito.
Por su parte, al Congreso del Estado exigimos la discusión y aprobación urgente de la iniciativa de ley presentada hace varios meses por este organismo autónomo para crear el procedimiento de declaración especial de ausencia de personas desaparecidas, con la finalidad de proteger sus derechos laborales, económicos y familiares, así como para brindar cobertura a sus seres cercanos durante el suplicio que viven por su ausencia. No hacerlo, los continuará revictimizando día con día.
La Comisión de Derechos Humanos seguirá observando el actuar de las autoridades e iniciará las investigaciones correspondientes por presuntas violaciones a derechos humanos, acompañando a los familiares de personas desaparecidas hasta su localización con la esperanza de que sea con vida; y, en los casos en que lamentablemente no sea esto posible, velaremos porque se garanticen sus derechos, para que se dignifiquen los cuerpos o restos y se protejan los datos e información recabada por las autoridades, de las personas fallecidas.
