A siete años del asesinato del activista y comunicador Samir Flores Soberanes, la exigencia de justicia resonó con fuerza en Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos, este viernes 20 de febrero. Familiares, docentes y compañeros de lucha, opositores a la construcción de la central termoeléctrica de Huesca, denunciaron que el caso permanece en la impunidad sistémica, señalando una parálisis deliberada tanto en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos como en la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de que la FGR atrajo la investigación en agosto de 2023, los deudos reprocharon que no existen avances significativos ni voluntad política para identificar a la totalidad de los responsables.
La jornada conmemorativa inició con una misa en el antiguo hogar de Flores, seguida de una marcha que recorrió los sitios emblemáticos de su lucha: la radio comunitaria que fundó y el lugar exacto donde fue acribillado el 20 de febrero de 2019. Liliana, viuda del activista, denunció que tras más de un lustro de simulación institucional, solo un presunto autor material se encuentra tras las rejas, mientras que la cadena de mando y los autores intelectuales del crimen gozan de total libertad, una situación que, según activistas, confirma el desdén gubernamental hacia quienes se oponen a megaproyectos.
El señalamiento de los manifestantes escaló hacia las altas esferas del poder, exigiendo que las indagatorias alcancen a exfuncionarios clave. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua demandaron que se investigue la posible responsabilidad u omisión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el exdelegado federal Hugo Eric Flores y el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, durante cuya gestión el proceso judicial se estancó. Los activistas subrayan que el asesinato fue una respuesta directa a la férrea oposición de Samir al Proyecto Integral Morelos (PIM), impuesto por la CFE hace casi 15 años.
Ante este panorama, la familia de Flores Soberanes hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Morelos, Margarita González, para que exhorten a las fiscalías a romper el pacto de silencio que protege a los autores intelectuales. «Si antes dudábamos de los gobiernos porque no garantizaban justicia, ahora lo confirmamos en carne propia», sentenció la viuda, advirtiendo que el estancamiento del expediente no solo afecta a su familia, sino que envía un mensaje de permisividad ante la violencia contra defensores ambientales en México.
La conmemoración concluyó en el cementerio de la comunidad, tras un emotivo homenaje de los alumnos de la escuela primaria que Samir fundó. Allí, sus compañeros Jorge Zavaleta y Juan Carlos Flores reafirmaron que la justicia en este país no vendrá de las instituciones que hoy los defraudan, sino de la «conciencia de las comunidades organizadas». Mientras el único procesado, Javier N, alias El Temalaco, permanece en prisión por homicidio calificado, el movimiento social advirtió que no cesará hasta que se esclarezca quién ordenó silenciar la voz del comunicador que enseñó a varias generaciones a defender la tierra y el agua.
Imagen publicada por Otomíes en Resistencia y Rebeldía.
