A través de un “Manifiesto por la libertad de expresión. En defensa del ejercicio periodístico, el derecho a la verdad y a la memoria”, la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos respondió al boletín FGE 506, emitido el 23 de junio por la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal Edgar Maldonado Ceballos, al señalar que se descalifica el trabajo de los medios que han dado cobertura a la cuarta fase de intervención en el panteón “Pedro Amaro”, en Jojutla, y advierte que se vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho a la memoria.
En el documento, la Red identifica seis puntos clave:
1. Desacreditación sin pruebas: Acusar a la prensa de “carecer de veracidad” y de “atentar contra el dolor de las víctimas”, sin sustento, estigmatiza a periodistas y pone en riesgo su labor.
2. Señalamientos de “alarma social”: Culpar a los medios de generar desinformación es una forma de censura que limita el flujo de información en temas sensibles.
3. Falta de transparencia: La Fiscalía tardó siete días en emitir un informe oficial tras suspender los trabajos. Si busca desmentir información, debe hacerlo con datos claros y accesibles.
4. Advertencia legal implícita: Afirmar que “evitar la difusión de datos no verificados es una obligación legal” puede interpretarse como una amenaza, sobre todo al provenir de una autoridad judicial.
5. Cuestionamientos éticos sin base: Descalificar a quienes informan desde fuentes distintas a las oficiales desconoce el trabajo riguroso y profesional del periodismo.
6. Afectación al derecho a la memoria: Limitar el acceso a información pública afecta el derecho de las víctimas y de la sociedad a recordar y exigir justicia.
La Red también denunció que, durante una reunión con colectivos realizada el 25 de junio, el fiscal responsabilizó directamente a la prensa de desvirtuar las diligencias de exhumación. Consideran que este tipo de señalamientos incrementa el riesgo para quienes ejercen el periodismo.
El manifiesto recuerda que:
El Artículo 6º de la Constitución protege la libertad de expresión y el acceso a la información.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos respaldan el derecho a informar y ser informado.
La ONU ha advertido que las autoridades deben abstenerse de intimidar o censurar a periodistas.
Ante este contexto, la Red de Mujeres Periodistas de Morelos exige a la Fiscalía:
No emitir mensajes que intimiden, amenacen o desacrediten a periodistas.
Garantizar acceso equitativo, claro y oportuno a la información pública.
Reconocer el papel del periodismo como herramienta clave para la rendición de cuentas, la defensa de derechos humanos y la memoria colectiva.
“La tragedia de las fosas de Jojutla sigue sin resolverse después de más de diez años. Los pocos avances han sido posibles gracias a la lucha de las familias buscadoras y al periodismo comprometido que ha documentado este proceso”, subraya el documento.
“La libertad de expresión no se condiciona. El periodismo no se silencia.”
