El pasado 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, pero seguimos preguntándonos lo mismo acerca de en qué momento se pasa del discurso de los hechos.
Porque lo decimos? Pues porque los embarazos en menores de edad suman diversas lacras: patanes que violan a pequeñas, cómplices que saben y no denuncian, médicos cobijados por ser objetores de conciencia y que no facilitan el aborto en ninguna circunstancia —como sucede hoy con indígenas encarceladas en Guanajuato; a quienes se vuelven cómplices de esas aberraciones no les cuesta trabajo serlo, a veces aliados al poder económico y arrodillados ante creencias religiosas que hacen numerosa una vida libre de violencia a esas niñas, así como devotos religiosos que ofrecen responsabilizarse del crío en lugar de recoger a recién nacidos abandonados en basureros cuyas vidas son realidad en las crudas calles de Latinoamérica.
Encabezados y noticias periodísticas retratan esa abominable realidad: “Paraguay impide abortar a una niña de 10 años que violó su padrastro”; “Alerta embarazo precoz en Coahuila: ‘Nuestras niñas están teniendo niños”; “Treinta por ciento de los embarazos en El Salvador son de niñas y adolescentes”; “Polémica por el caso de una niña de 11 años embarazada. La Justicia deberá resolver si autoriza o no que se realice un aborto”; “El nuevo embarazo de Rosita en la trama de impunidad de Nicaragua. Rosita, la niña a quien un aborto terapéutico le salvó la vida cuando tenía nueve años, ha sido revictimizada y a los 14 años de edad aparece como madre de una bebé de 19 meses”. Así las notas en diversos periódicos latinoamericanos viejos. Fin arbitrario: En la Red pueden leerse muchas, demasiadas, notas similares.
Las discusiones sobre el derecho o no a abortar son viejas. Dos posturas resumen la situación: El derecho que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo y el valor de la vida del feto. Cuando se trata de niñas embarazadas se agrega otro brete, mucho más complicado: La obligación de la sociedad hacia las menores de edad. Si ellas no tienen un valor preponderante en este mundo que se cae a pedazos, entonces, ¿quiénes? Junto con la ancestral polémica entre grupos “pro vida”, y “pro decisión”, el meollo del asunto son las sinrazones subyacentes de los embarazos en menores de edad y los argumentos irracionales de quienes en América Latina no facilitan el aborto.
La inmensa mayoría de las pequeñas embarazadas son pobres o muy pobres. No queda duda que con frecuencia la pobreza es un lastre, pues las lacras de la miseria suelen ser en ocasiones, familias traumatizadas, disfuncionales, carencia de protección social, trabajo en la calle y exposición, sin protección alguna, desarrollan lamentablemente jóvenes o adultos masculinos que atentan contra seres indefensos y facilitan la violencia. Embarazar a una menor de edad es uno de los diversos cúlmenes de la violencia.
En Latinoamérica, la normativa sobre el aborto es, a nivel mundial, una de las más restrictivas. Varios países, incluso los llamados de izquierda como Nicaragua, lo prohíben sin importar si la razón fue violación, si la salud de la madre está en peligro o si el bebé tiene malformaciones incompatibles con la vida.
El riesgo de muerte en menores de 16 años es cuatro veces mayor que en mujeres entre 20 y 30 años. Supongo que en menores de edad el riesgo aumenta.
Hacia las pequeñas, la responsabilidad de la sociedad debería ser absoluta. Su imposibilidad para defenderse y decidir obligan. No sólo se trata de salud, se trata de dos vidas, o de dos muertes.
Las pequeñas violadas son víctimas, con frecuencia, de monstruos muy cercanos, padrastros, tíos, padres, novios de las madres, amigos de los hermanos, los hermanos mismos, resultado de la promiscuidad; así, el panorama de una de las caras de la violencia contra las niñas, las más vulnerables, las más desprotegidas.
Así que, el tema da para reflexión, pero sobre todo acción, no solo en nuestro territorio, sino en el país y en el mundo entero.
Así que ahí es donde falta la acción de las políticas públicas para la erradicación de una de las múltiples formas de la violencia.
