Todos los procedimientos jurídicos ventilados por Promotora Ambiental, S. A. (PASA) en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca en diferentes épocas, pero sobre todo los originalmente dirigidos hacia Manuel Martínez Garrigós, quien fuese alcalde capitalino en el periodo 2009-2012 y posteriormente diputado local priísta (hoy es férreo promotor de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador), tienen ya un registro histórico.
He aquí algunos de los antecedentes. El 14 de marzo de 2013 se escenificó un capítulo de esta tragicomedia, que ha tenido en el fondo un prolongado litigio que la inmensa mayoría de la sociedad ignora y mucho menos entiende.
Aquel 14 de marzo de 2013 Martínez Garrigós se presentó ante el Juzgado Primero de Distrito con el objetivo de comprobar que, no obstante la existencia de una orden de aprehensión en su contra concedida por el Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, no había cometido delito alguno, mientras la contraparte, representada por el abogado Guillermo Pasquel Hernández (apoderado legal de PASA), convocó a conferencia de prensa para demostrar no sólo la vigencia de dicha orden, sino también para difundir que la víspera solicitó ante la Cámara de Diputados (federal) el desafuero del diputado Martínez Garrigós, lo cual, por su alto componente político, tuvo impacto a través de los medios formales de comunicación y las redes sociales.
Aquí considero apropiado recordar algunos antecedentes del conflicto.
Recordarán ustedes que, en mayo de 2010, la comuna cuernavacense, entonces presidida por Manuel Martínez Garrigós, la emprendió contra PASA (la cual tenía un título de concesión desde 2007 para proporcionar el servicio de limpia), arguyendo el incumplimiento del título de concesión (presuntamente los regiomontanos suspendieron la recolección y el confinamiento de la basura).
El primer paso jurídico dado por el consorcio ocurrió en Monterrey, donde tiene su sede corporativa. Ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa tramitó un amparo por actos que asumió la comuna cuernavaquense, consiguiendo la suspensión provisional y después la definitiva. Empero, la resolución básicamente ordenaba que no le fueran cancelados el título de concesión y los pagos. El mismo juzgador sobreseyó más tarde el juicio de garantías por considerar que el contrato y la concesión de recolección de basura vinculan exclusivamente a particulares, lo que motivó una causal de improcedencia del mismo juicio.
Paralelamente, el consorcio argumentó que la comuna de Cuernavaca violó la suspensión definitiva porque suspendió el pago, pero el mismo juzgador resolvió que no había violación, básicamente porque se atendió a un bien primordial que era la salud de los gobernados y porque en el título de concesión PASA se comprometía a que bajo ninguna circunstancia debería suspender el servicio, adicionalmente de que no se demostró fehacientemente que el pago se haya suspendido intencionalmente.
Esta resolución fue motivo de queja por parte de la empresa ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Monterrey, el cual resolvió ordenar la reposición del procedimiento y que el juez de Distrito recabara pruebas suficientes para normar su criterio. Y así lo hizo en acatamiento a dicha resolución, pero declaró la reposición del procedimiento, amén de que remitió por incompetencia el asunto al Juzgado Primero de Distrito con sede en Cuernavaca, quien por turno conoció el delicado asunto.
Esta demarcación judicial federal dio curso a la queja, aceptó su competencia y el 13 de noviembre de 2011 la declaró fundada y procedente, señalando que sí fue violada, por parte del presidente municipal de Cuernavaca, la suspensión definitiva otorgada por el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Monterrey, al haber suspendido el pago por la prestación del servicio.
Empero, el Ayuntamiento interpuso el 17 de noviembre de 2011 otra queja (expediente 93/2011) ante el Primer Tribunal Colegiado con sede en Cuernavaca, en contra de la resolución del Juzgado Primero de Distrito, la cual fue admitida y declarada procedente un día después. El asunto le fue turnado el 29 del mismo mes al magistrado ponente Mario Roberto Cantú Barajas y fue abordado el 17 de enero de 2012 por el Primer Tribunal Colegiado, emitiéndose al principio una sentencia favorable al ex alcalde Manuel Martínez Garrigós, pero que a la postre fue cambiada en sentido adverso debido a una filtración propalada por alguien allegado a MMG.
Sin embargo, lo único que se hizo fue aplicar una táctica retardataria. El abogado Juan Velázquez, asesor jurídico de Martínez Garrigós, declaró el 28 de febrero de 2012 que se había desechado y sobreseído la acción penal en contra de autoridades municipales después de que el Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito de Morelos determinó que el gobierno municipal cumplió con la obligación constitucional de brindar el servicio de recolección de basura.
“El Caso PASA quedó concluido. La decisión de desechar o sobreseer el juicio de amparo es absolutamente definitiva, y precisamente porque es absoluto, lo accesorio, como es la suspensión, termina; y si las autoridades actuaron como particulares, no como autoridad, no violaron la suspensión. Esto de PASA, se acabó”, destacó el jurista Juan Velázquez. Pero esto, el finiquito del caso, no sucedió. Pasaron los años y fue así como llegamos a tiempos recientes, en que el alcalde José Luis Urióstegui Salgado enfrenta la posibilidad de ser destituido de su cargo si no restituye el título de concesión a PASA y se lo suspende a la empresa local KS de Morelos. Lo anterior, entre otros avatares causados al edil por el multicitado consorcio regiomontano, al cual le sobran millones y millones de dólares para sostener este y decenas de litigios más. Estaremos atentos al conflicto y después diremos.
