Cada año, el gobierno federal presenta al Congreso de la Unión el Paquete Económico, conjunto de documentos que incluye el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), los Criterios Generales de Política Económica y la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. Este paquete es fundamental para el desarrollo de los planes, programas y acciones del año fiscal inmediato; su importancia radica en aspectos clave que impactan directamente la vida de las y los mexicanos, en el rumbo del país, concentrados en los Criterios Generales de Política Económica, como base de la planificación y ejecución de las políticas públicas que establecen las directrices macroeconómicas que el gobierno seguirá durante el año subsecuente, incluyendo metas de inflación, crecimiento económico y políticas fiscales; estas directrices proporcionan igualmente un marco de referencia para los inversionistas y el sector privado, generando confianza, previsibilidad en el entorno económico, pero sobre todo, estabilidad, esencial para atraer inversiones, tanto nacionales como extranjeras que aporten al crecimiento sostenido y sostenible del país, al tiempo de mantener la confianza de los mercados financieros internacionales.
A través del PPEF, el gobierno asigna recursos a los diferentes sectores y programas, asegurando que las prioridades nacionales (educación, salud, infraestructura, seguridad y desarrollo social, etc.) sean atendidas de manera efectiva y con ello, mejorando la calidad de vida de las y los ciudadanos, promoviendo el desarrollo equitativo que impulse el entorno propicio para el desarrollo económico y social como parte esencial para lograr la estabilidad económica y financiera del país. Al presentar el anteproyecto al Congreso, el gobierno federal se somete a un proceso de revisión y aprobación por parte del legislativo, quien tiene la atribución también de asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y que las decisiones de gasto sean justificadas y alineadas con las necesidades y prioridades del país. La transparencia en el manejo de los recursos públicos es fundamental para construir y mantener la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando los ciudadanos pueden ver cómo se están utilizando sus impuestos y cómo se están tomando las decisiones de gasto, es más probable que apoyen las políticas del gobierno y participen activamente en el proceso de desarrollo del país.
El Paquete Económico tiene, también, un impacto directo en el desarrollo regional; a través de la asignación de recursos a programas y proyectos específicos en diferentes estados y municipios, el gobierno puede fomentar el desarrollo equilibrado y reducir las disparidades regionales. Esto es particularmente importante en un país tan diverso como México, donde las necesidades y desafíos varían significativamente de una región a otra. Por ejemplo, algunas regiones pueden necesitar más inversión en infraestructura para mejorar la conectividad y facilitar el comercio, mientras que otras pueden requerir más recursos para programas sociales que aborden la pobreza y la desigualdad. Al asignar recursos de manera estratégica, el gobierno puede asegurar que todas las regiones del país tengan las oportunidades necesarias para prosperar. Esto no solo mejora la calidad de vida en las regiones más desfavorecidas, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país en su conjunto.
Como tercer componente, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación establece las fuentes de ingreso del gobierno, incluyendo impuestos, derechos y otros ingresos públicos que, conjuntamente con una buena política fiscal, fomenta la inversión y el crecimiento económico, al tiempo que asegura que el gobierno tenga los recursos necesarios para financiar sus programas y servicios. La recaudación de ingresos eficiente y equitativa es crucial para el funcionamiento del estado y para la provisión de servicios públicos de calidad.
La correcta planeación y conducción económica, conlleva el bienestar social soportado en un desarrollo y progreso incluyente, que considere la igualdad y justicia social para cada sector y región del país, en el entendido de que la meta final es asegurar un futuro mejor para todos los mexicanos.
