En el año 2018, el 41.1 por ciento de los adultos mayores estaba en condición de pobreza a nivel nacional, y en Morelos este porcentaje se situó ocho puntos por arriba en ese mismo periodo.
La diputada Veronica Anrubio Kempis, propuso otorgar incentivos fiscales a los empleadores que contraten a personas adultas mayores para incorporarlo en su equipo de trabajo, lo anterior, a través de una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de estímulos.
En su planteamiento establece que “el Ejecutivo y los ayuntamientos, promuevan el otorgar incentivos o estímulos fiscales estatales y municipales, según sea el caso, para que las personas físicas o morales que contraten y consideren un mínimo de empleos para personas adultas mayores, conforme lo establezca la autoridad competente y correspondiente mediante la suscripción de convenios”.
A través del documento presentado, recordó que de acuerdo a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las personas Adultas Mayores en la entidad, las personas adultas son aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas en el estado.
Asimismo, Veronica Anrubio citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los que refiere que en el año 2020 en Morelos habitaban un total de 274 mil personas adultas mayores, representando el 13.89 por ciento del número de habitantes en la entidad.
De igual manera, detalló que según cifras del informe de pobreza y evaluación realizado por el CONEVAL, en el año 2018, el 41.1 por ciento de los adultos mayores estaba en condición de pobreza a nivel nacional, y en Morelos este porcentaje se situó ocho puntos por arriba del nacional en el mismo año, por lo que “dentro de este marco nuestro estado ocupó el lugar nueve respecto a las demás entidades federativas”.
La legisladora lamentó que muchas veces las personas adultas mayores no tienen posibilidades de acceder a un empleo y se ven en la necesidad de acceder a trabajos precarios, informales o mal remunerados, y al no contar con ingresos suficientes ni seguridad social, la mayoría depende casi por completo de su familia y del Estado.
“En muchas ocasiones, al llegar a la vejez, las personas que se encuentran en situación de pobreza se enfrenan a un estado de salud disminuido como consecuencia de la acumulación de eventos adversos y múltiples carencias del entorno en el que han pasado la mayor parte de su vida”, destacó Veronica Anrubio en su iniciativa, por lo que resaltó la necesidad de llevar a cabo la modificación planteada, que contribuirá a elevar la calidad de vida de los adultos mayores en el estado.