La reciente comparecencia del vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública en Morelos, puso al descubierto que la problemática del área es más grave de lo que podíamos haber imaginado. Fue llamado a comparecer a raíz de la fallida actuación de las fuerzas del orden, reconocida explícitamente por el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien asumió públicamente la responsabilidad por los hechos funestos en los que dos presuntos delincuentes perdieron la vida en Huitzilac, a manos de una furiosa turba popular. Sin embargo, sus revelaciones fueron mucho más allá, dejando en entredicho, no solamente el papel de las autoridades locales, sino también el de las federales.
Cualquier presentación de datos que pretenda argumentar la disminución de ciertos índices delictivos quedó rebasada. En el imaginario popular, los morelenses ya deducían, sin la necesidad de que ninguna autoridad se los diga, que los cárteles del crimen organizado se disputan lo que se conoce como “la plaza”, dejando en el camino una ola de violencia y terror, ejecuciones a plena luz del día y en lugares públicos. Los registros de la barbarie, en los últimos años, despiertan el asombro de quienes recuerdan nunca haber tenido conocimiento de tantos actos de extorsión y asesinatos.
Guarneros, como popularmente se le menciona, habló de políticos coludidos con el crimen organizado, así, tal cual, diciendo que buscan el dominio de un solo cártel en la entidad. Dijo, a su vez, que ha presentado las denuncias y la información que posee a las autoridades federales. Quedó claro, de nueva cuenta, que no fue seguido el protocolo para la atención de casos de linchamiento y quienes dirigieron las operaciones no fueron ni él ni el gobernador, quien el día de los hechos tuiteó que se encontraba al frente de la mesa para la paz y la seguridad, atendiendo la emergencia de Huitzilac. Con ello, las figuras del gobernador y del comisionado se protegen, al asumir Ojeda toda la responsabilidad. Sin embargo, ante tales revelaciones, entendemos que el gobernador ha quedado al margen, tomando las decisiones otros en su nombre. Y Guarneros quedó como un funcionario nulificado.
Nulificado por la impunidad que se cierne en torno a las denuncias que dice haber presentado contra los políticos coludidos con el crimen organizado y que no han prosperado. Puso en evidencia la falta de actuación de las autoridades de la fiscalía general de la República, pues los presuntos delincuentes, a quienes acusa, sean quienes sean, como dice el presidente López Obrador, no han perdido ni siquiera su honorabilidad. Nulificado al interior del feudo policial, ya que no ha logrado dar resultados en su principal función, la prevención de los delitos. Y nulificado al exterior de la corporación, puesto que el secretario de gobierno lo hizo a un lado para hacerse cargo de las atribuciones que por ley debería haber desempeñado el comisionado, cuando se suscitaron los fatídicos hechos en Huitzilac.
Con todo ello, no tuvo que decir que la situación de seguridad es más grave de lo que imaginábamos.
Y para iniciados
Cuando comenzaron a saberse las políticas que dictaría Andrés Manuel, en materia económica, comenzó la preocupación por el futuro del país. Tras casi tres años de gobierno se mantienen y auguran un rezago que costará muchos años remontar, una vez que los mexicanos despierten del sueño inducido ideológicamente, por estos demagogos que se dicen progresistas, cuyo resumen es la pretendida 4T. La inversión pública se ha desplomado desde que inició el gobierno. Es decir, el gobierno ha dejado de invertir en infraestructura, construcción y rehabilitación de obras. Los resultados a mediano plazo van a calar profundo. Y ni Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, juntos, por bien que les vaya, serán suficientes para resarcir el daño y el retraso a la economía de la nación. Al tiempo lo veremos, ¡señores progresistas!
¡Que tenga un excelente fin de semana!
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