Como una ofrenda calificaron muchos expertos la entrega por parte del gobierno mexicano de veintinueve capos e integrantes de la delincuencia organizada a la justicia norteamericana, justo el día que los gabinetes de seguridad de ambos países se reunían para dar seguimiento al cumplimiento de las exigencias en la materia del presidente estadounidense Donald Trump.
La mayor joya de la remesa fue la cabeza de Rafael Caro Quintero, el narcotraficante acusado de asesinar a un agente de la DEA hace cuatro décadas, reclamado desde entonces por esa agencia y por todo el aparato de justicia de Estados Unidos.
Ahora está a discusión si contra él y otros de los desterrados se intentará aplicar la pena de muerte, ante la inocultable evidencia: no se trató de una extradición, figura que está sujeta a normas, protocolos y protecciones, que hubiera sido imposible de cumplir sobre todo para una expatriación simultánea de casi una treintena de criminales.
La fiscalía mexicana utilizó la palabra “envío”, como si de paquetería se tratara, en tanto que la autoridad del vecino país refirió que los reos habían sido simplemente trasladados o expulsados de su país de origen.
Mientras el fiscal mexicano dijo que la operación se realizó a solicitud expresa del gobierno vecino, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional, de parte de Estados Unidos no hubo el más mínimo reconocimiento a su contraparte. El fiscal general adjunto aseveró que estas acciones “son consecuencia de una Casa Blanca que negocia desde una posición de fuerza”.
Luego de que la batalla alrededor de la captura del Mayo Zambada había generado reclamos de soberanía y de no injerencismo desde Palacio Nacional, éstos han quedado sepultados una vez que, en sentido contrario, la pesada maquinaria del Estado mexicano fue echada a andar para ofrendar en forma expedita las cabezas demandadas por la justicia norteamericana.
Ahora no hubo necesidad de secuestros camuflados. Y una vez más, ante las complejidades de las leyes de extradición y los obstáculos puestos en defensa de los acusados, se esgrimió sin decirlo la divisa hecha famosa hace unos años: que no nos vengan con que la ley es la ley. Hemos aprendido que las razones de seguridad nacional justifican cualquier atropello a la legalidad.
Sin embargo, no está claro que con lo hecho se vaya a moderar la ira contra México del señor Trump, quien sigue jugando con la idea de aplicar los aranceles anunciados a las importaciones provenientes de México a partir de este martes.
Luego de ver el patético espectáculo de agresión y humillación perpetrado contra el presidente de Ucrania en su visita a Washington, es más que evidente que ni la prudencia ni la decencia son cualidades que rijan comportamientos en la Casa Blanca.
Así son los tiempos y los personajes que vive el planeta. Veremos qué sigue.
