No podemos concebir que las mismas autoridades que violan derechos humanos, al menos en Morelos, tengan a su cargo la política pública de “proteger” a quienes ellos mismos violentan; con ese señalamiento el Presidente de la Comisión de derechos Humanos del Estado de Morelos, CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz, denunció un nuevo intento de destitución por parte del Gobierno del Estado.
En el marco del Diálogo convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que este semana fue notificado del combate de la sentencia de amparo a su favor que le protege para que el Gobernador, el Secretario de Gobierno y otras autoridades se abstengan de amenazarlo o presionarlo en su calidad de Ombudsperson; el Ejecutivo -explicó- recurrió ante un tribunal colegiado con la mira de lograr su salida de la Comisión.
La CDHEM -denunció- ha sufrido presiones para no ejercer su labor de hacer valer y defender los derechos humanos de las y los morelenses frente a los abusos, arbitrariedades y el ejercicio desmedido de este Gobierno, quien ha destinado toda la fuerza del estado para tratar de minar y socavar su autonomía.
Informó que a lo largo de la administración 2019-2022, la CDHM ha iniciado 19 expedientes de queja relacionados con agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en los cuales de manera oficiosa, se dictaron medidas precautorias en favor de las y los agraviados, consistentes en el requerimiento expreso a la Secretaría de Gobierno a efectos de que se les incorporara al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, sin embargo, todas y cada una de esas solicitudes fueron incumplidas por la falta de activación que había prevalecido.
Durante los últimos tres años -denunció- han ocurrido el asesinato de 8 personas activistas y defensoras de derechos humanos en la entidad; “mujeres y hombres a quienes la vida les fue arrebatada y que jamás sabremos si dichos injustos pudieron evitarse en caso de haber contado con los mecanismos y las garantías necesarias para desempeñar su labor con seguridad”.
Detalló que el mecanismo estatal fue instalado el 22 de febrero de este año después de la emisión de la Recomendación correspondiente; acusó que no se ha elaborado el reglamento de la ley; y evidenció que éste no ha vuelto a sesionar, “ya sea porque se convoca fuera de los tiempos establecidos para ello y después se cancela sin dar explicación alguna y sin convocar otra vez”.
Por último y en abono a la convocatoria la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, puso a consideración dos propuestas que pueden enriquecer la iniciativa de la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que posiblemente se puedan ver reflejadas en una iniciativa estatal:
- Que ninguna persona servidora pública a quien se le haya emitido una recomendación o sentencia por violaciones a derechos humanos, pueda ser integrante del Mecanismo de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y
- Que el Mecanismo de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tenga reconocimiento como un organismo de relevancia constitucional para que la persona titular sea nombrada por el Congreso de la Unión o los Congresos estatales y este sea independiente del Poder Ejecutivo.
