Este lunes es un lunes negro por los acontecimientos vividos el día de ayer en Jalisco y por la tensión que se ha extendido a distintos estados del país, incluido Morelos, tras el deceso del Mencho, que detonó violencia, bloqueos e incertidumbre. La seguridad hoy ocupa titulares y conversaciones. Pero esto no puede ni debe distraernos de otro tema igual de trascendente: la semana pasada Claudia Sheimbaum anunció que el 24 de febrero se presentaría la propuesta de reforma en materia electoral que modificaría la Constitución Política de México. Y aunque hoy es incierto si efectivamente se presente mañana como se había dicho, lo que sí es seguro es que no podemos dejar de estar atentos.
No estamos hablando de un ajuste menor ni de una modificación técnica sin consecuencias. Cuando se reforma la Constitución en materia electoral, se redefine cómo competimos por el poder, cómo se integra el Congreso y qué tan equilibrado es el sistema democrático. Se ha anunciado que la iniciativa busca reducir el costo de las elecciones, disminuir las diputaciones plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos y regular el uso de inteligencia artificial en campañas electorales.
En el discurso suena a eficiencia. Pero en los hechos puede significar una redistribución del poder político. Reducir recursos a los partidos puede parecer justo ante los ojos del pueblo, pero también puede debilitar a las fuerzas más pequeñas y fortalecer a quien ya gobierna. Cambiar la forma en que se asignan diputaciones plurinominales puede venderse como idea de mejora democrática, pero en la realidad atenta de manera directa a la pluralidad y se corre el riesgo de concentrar decisiones en una sola fuerza política, algo muy parecido a una dictadura.
Las y los mexicanos debemos tener memoria histórica y recordar que en el Porfiriato se vivió y demostró que puede haber leyes y procesos electorales formales sin que importe la opinión y derechos de la ciudadania. La democracia desaparece cuando no hay partidos que voten distinto a lo que ordena el partido que gobierna la presidencia.
No se trata de oponerse por sistema. Se trata de estar atentos. De exigir que una reforma de esta magnitud se discuta con transparencia, con debate público real y con participación ciudadana. Una reforma constitucional en materia político electoral no puede aprobarse con prisa ni con información incompleta.
Sea mañana 24 de febrero o en otra fecha, esta discusión nos involucra a todas y todos. Porque cuando cambian las reglas del juego democrático, el impacto no es abstracto: afecta nuestras libertades, nuestros derechos y el equilibrio del poder en México.
La democracia no es automática ni eterna. Se sostiene con vigilancia, participación y exigencia ciudadana. Hoy más que nunca debemos mantener la atención en lo que está por presentarse. No podemos distraernos.
