La demanda recurrente de la lucha feminista que se lleva a cabo en todas las plazas públicas de todo el país están íntimamente relacionadas con el mal funcionamiento del sistema de justicia local.
Tanto las violencias más tremendas y visibles como son el feminicidio, la desaparición y la violación, como aquellas que son menos visibles pero más extendidas, como lo es la falta de pago de pensión alimenticia de los padres a los hijos, tienen en el centro gravitacional a las fiscalías y los tribunales locales del país. En esta última década, en México, todos los Congresos han aprobado y reformado leyes que buscan frenar los distintos tipos de violencia de género. Sin embargo, las instituciones que se encargan de hacer efectivas esas normas cuando se violan no las hemos tocado, sobre todo en sus estructuras, burocracias y procesos internos. La perspectiva de género, la lucha vs las violencias no ha sido suficiente, dentro de las instituciones.
Cuantas veces hemos escuchado historias de horror. Muchas de éstas se repiten una y otra vez: el fiscal no ha hecho nada, el responsable está prófugo porque le dio una lana al policía, la carpeta de investigación sigue vacía después de años de búsqueda, el fiscal me pide pruebas, al perpetrador lo protege su dinero y camina por la calle como si no hubiese hecho nada.
Las fiscalías son la puerta de acceso a la justicia para las víctimas de violencia física y sexual de género. Cuántas cosas cambiarían en nuestro país si las fiscalías supieran darles a las víctimas, a sus familias y a la sociedad explicaciones razonables de qué paso y quién puede ser el responsable. Esa falta de explicaciones y resultados mínimos de las fiscalías es parte sustantiva de la demanda de justicia insatisfecha que pinta de morado las calles cada 8 de marzo.
También existen otras violencias, que son menos visibles, pero más extendidas y también muy injustas. Quizá la violencia económica y psicológica de género más extensa y normalizada es el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. ¿Por qué tantos padres se salen con la suya? Mucho tiene que ver el mal funcionamiento de los juzgados locales, los cuales son inaccesibles para la mayoría y, una vez accediendo a ellos, los procesos son largos, costosos y obscuros. Mucho papel y poca sustancia. Así funciona nuestro sistema de justicia. Es urgente una reforma administrativa para generar procesos ágiles, accesibles y que les permitan a las madres no padecer por años la violencia que subyace en que sus ex parejas las dejen con la carga completa de las labores de cuidado y con todos los gastos de la crianza.
La ministra presidenta Norma Piña reconoció públicamente las asignaturas pendientes que tiene el sistema de justicia con las mujeres. Ella ha sido una ministra particularmente activa en este tema y ha impulsado algunos de los precedentes constitucionales más relevantes en la materia. Sin embargo, lo que dice la Corte desde la cima aún le falta fuerza para impactar en la vida de la mayoría de las personas. Para que ello ocurra es indispensable reformar la justicia, pero no como propone el Presidente: destruyendo los órganos cúspide, reduciendo sueldos o quitando los fideicomisos, o designando por elección popular a las personas Juzgadoras. Ello sólo destruye lo que se ha construido en décadas. Por el contrario, la reforma judicial que necesitan las mujeres (y todas las personas que enfrentan un conflicto en posiciones de desventaja) es una reforma de justicia de ras de tierra: se necesitan agencias del MP y juzgados de primera instancia locales que provean el servicio de justicia con vocación, celeridad, calidad e integridad. La brújula de dicha reforma debería ser el cerrar brechas sociales a través de garantizar la protección de la ley a quienes sufren abusos y atropellos. En cualquier contexto social, si la ley no protege al débil, lo que prevalece es la fuerza y la imposición del más fuerte, es decir, del que más dinero y/o poder tenga.
Por ello, estoy convencida de que es urgente una revisión a fondo de cada uno de los eslabones de la cadena de justicia, no es suficiente hablar de reforma judicial, sino hacer efectivos los mecanismos de acceso a la justicia para hacerla efectiva en el ámbito local pero además hacer responsables a quienes ejerciendo una autoridad, faltan a su deber de ser el vehículo para que todas esas mujeres a las que cada día les arrebatan la vida, así como para lograr la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el logro de la igualdad de derechos y mientras eso no ocurra, los reclamos de la lucha feminista seguirán por los tiempos, desafortunadamente.
