México atraviesa hoy una concentración de poder sin precedentes en su historia reciente. En un lapso sorprendentemente breve, el país pasó de un sistema político obligado a la negociación y al contrapeso, a otro en el que una sola fuerza domina prácticamente todos los espacios de decisión.
La Presidencia, el Congreso de la Unión, la mayoría de los gobiernos estatales y los congresos locales y hasta el Poder Judicial, responden al mismo signo político. La oposición, en los hechos, dejó de ser un actor con capacidad real para incidir en las decisiones estratégicas del Estado.
Pero el rasgo verdaderamente novedoso de este momento no es la magnitud del poder acumulado, sino la forma en que se ejerce. El centro de gravedad de la política nacional ya no se encuentra en el debate parlamentario ni en el equilibrio entre poderes, sino al interior del propio bloque gobernante. Las decisiones clave no se procesan en espacios públicos ni bajo reglas claras, sino en circuitos cerrados, marcados por lealtades personales, disputas internas y cálculos de facción.
A primera vista, podría parecer un regreso al esquema del partido hegemónico del siglo XX. Sin embargo, la comparación resulta engañosa. Aquel régimen, con todos sus excesos, operaba bajo una lógica de orden interno: jerarquías reconocidas, disciplina política y mecanismos relativamente eficaces para administrar conflictos. Morena, en contraste, es un movimiento de crecimiento vertiginoso, articulado en torno a un liderazgo personal fuerte, pero sin haber construido una institucionalidad capaz de regular el ejercicio del poder una vez diluida la figura que lo cohesionó.
En ese contexto, Claudia Sheinbaum asume una herencia ambigua: un poder vasto hacia afuera, pero profundamente fragmentado hacia adentro. En algunos ámbitos logra imponer decisiones; en otros, las resistencias internas bloquean o diluyen cualquier intento de establecer criterios firmes, sobre todo cuando se trata de fijar responsabilidades o sancionar conductas indebidas dentro del propio oficialismo. La ausencia de una línea clara sobre lo que se castiga y lo que se tolera genera incertidumbre y erosiona la autoridad presidencial.
Ahí reside el principal riesgo del momento político actual. La concentración del poder, sin reglas internas sólidas, tiende a producir decisiones erráticas, discrecionales y contradictorias. Cuando los contrapesos externos se debilitan o desaparecen, la necesidad de límites internos se vuelve crucial. Sin ellos, la arbitrariedad se normaliza y los errores dejan de tener costo político.
México se encuentra así frente a un régimen dominante que aún no termina de organizarse a sí mismo. La estabilidad ya no descansa en leyes, instituciones autónomas o equilibrios formales, sino en la capacidad del liderazgo presidencial para mantener cohesionada a su propia fuerza política. Es un equilibrio precario, sostenido más por voluntades personales que por reglas duraderas.
El desafío central del sexenio no es acumular más poder, sino darle forma. Gobernar no consiste solo en mandar, sino en establecer prioridades, responsabilidades y límites. Sin ese proceso de ordenamiento, la hegemonía deja de ser un factor de estabilidad y se convierte en un riesgo. Porque el poder sin reglas no corrige, no aprende y no se autocontiene. Y eso, en cualquier país, es una señal de alerta.
