Los procesos democráticos generan triunfadores y perdedores temporales en la medida en que determinan quién ejercerá el gobierno durante cierto periodo y quiénes serán oposición.
Sin embargo, los morelenses llevamos tres largos sexenios sin oponentes leales al régimen democrático que establezcan compromisos para mantenerse en el proceso político, elecciones y actividad legislativa sin condicionar su participación al cumplimiento de cuestiones totalmente ajenas a las libertades civiles necesarias para el desarrollo de un proceso político razonablemente justo.
A los detractores del gobernador en turno tampoco se les ha notado voluntad para unirse a fuerzas ideológicas diferentes, e incluso distantes, pero comprometidas a conservar el orden democrático, la gobernabilidad y diseñar proyectos comunes de beneficio general, aún si ello implica distanciarse de grupos afines ideológicamente, pero contrarios a la democracia.
Hasta hoy, el escenario político local sigue envilecido y complicado.
Nuestra entidad no avanza en varias asignaturas pendientes, siendo una de ellas la Reforma del Estado. Pero esto no es nuevo, pues data de hace varias décadas.
Aunque el tema se había abordado en épocas anteriores, volvió a debatirse durante el cuatrienio de Jorge Carrillo Olea, quien el 8 de enero de 1996 presentó a la XLVI Legislatura un documento donde proponía la conducción de la Mesa para la Reforma del Estado a cargo del Congreso local. La propuesta fue positiva, pero no consiguió nada que beneficiase realmente el desarrollo político de Morelos, ni su convivencia social.
La Comisión para la Reforma del Estado se instaló formalmente el 20 de marzo de 1996, siendo integrada por el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los coordinadores de fracciones parlamentarias y los presidentes de partidos políticos representados en el Congreso Local. El 2 de julio de 1997, mediante otro decreto, Carrillo promovió la inclusión de diputados independientes en el seno de la CRE, cuya participación sirvió para maldita la cosa.
Cabe subrayar que simultáneamente se gestaba la gran reforma electoral federal mediante la ciudadanización de lo que durante décadas se conoció como Comisión Federal Electoral, un instrumento manejado al antojo de los presidentes de la República.
En 1996 nació el Instituto Federal Electoral con la incorporación de consejeros ciudadanos, mientras la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos daba el plazo de un año a todos los órganos electorales estatales para crear instituciones independientes y mayores garantías de equidad hacia la competencia electoral. Morelos todavía padecía en aquel año las imposiciones del centralismo antidemocrático y una Comisión Estatal Electoral con predominio priísta.
Los frecuentes obstáculos a la Reforma del Estado en México y Morelos fueron parte de la herencia del sistema autoritario creado por la Revolución, con un estilo de gobierno y gestión pública donde el PRI nunca reconoció la necesidad de renovarse. Casi siempre interpretó la propuesta de transición democrática como un peligro para su supervivencia.
En las postrimerías del primer gobierno de la alternancia -el de Sergio Estrada Cajigal- se retomó el tema de la Reforma del Estado, pero ni así se superó la incertidumbre e inestabilidad predominantes durante los años anteriores. Los grupos parlamentarios nunca alcanzaron acuerdos para fortalecer la democracia. Y los diversos órganos de gobierno siempre buscaron establecer una logística apresurada para avanzar en el proceso local de cambios, por lo que todo se redujo a una reforma electoral de escasos alcances.
Quedaron fuera del esquema legislativo asuntos torales como el sistema electoral y representativo, incluyendo la regulación de precampañas y reducción de tiempos y costos electorales; el control de las aportaciones privadas; fiscalización de gastos; equidad en radio y televisión; responsabilidad de los partidos; reelección inmediata de diputados y senadores, y segunda vuelta electoral.
Dentro del magro consenso logrado por los integrantes de la Comisión para la Reforma del Estado, en 2004 aprobaron la agenda temática sobre la cual se desarrollarían las actividades del Secretariado: reforma de Ley o iniciativas de Reforma Constitucional; reforma a la Ley de Participación Ciudadana; reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Morelos; reforma del Código Electoral para el Estado de Morelos; reforma administrativa; reforma hacendaria; reforma del Poder Judicial; reformas en los temas de derechos humanos y en los temas ambientales, cultura y salud. No se avanzó casi en nada.
Fue así como llegamos al 8 de abril de 2013 a la instalación de una nueva Mesa: la del Consenso Para una Sociedad de Derechos, propugnada por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien aspiraba a conseguir un extenso catálogo de reformas constitucionales y legales, desde luego teniendo el “respaldo” de un cuerpo legislativo integrado en su mayoría por individuos acostumbrados al golpe bajo, la traición y las componendas.
Los representantes de ocho partidos políticos adscritos al Congreso local y el titular del Poder Ejecutivo acordaron “ser el instrumento por medio del cual los ciudadanos participen y propongan las reformas que la entidad requiere para su desarrollo”. Una vez más, Morelos sería estudiado. El mismo discurso de tres lustros atrás, pero revolcado. De nuevo se anunció la participación ciudadana en sendos foros que habrían de llevarse a cabo a nivel regional sobre el calendario respectivo.
Graco Ramírez desglosó una agenda que, entre otras cosas, contemplaba el derecho a la diversidad sexual, la educación, la seguridad, la paz, la salud; también a proponer iniciativas de ley y a revocar el mandato de las autoridades cuando se olvidaran de sus gobernados.
El entonces mandatario buscaba ser reformador e incluyente, aunque sus objetivos deberían pasar por un tamiz bastante poroso y muchas veces antagónico a la administración estatal. Ese filtro es pragmático, pero también inclinado a la corrupción. Me refiero al Congreso local, donde pululan quienes prefieren el reformismo mediante cambios graduales que sólo abarquen ciertos aspectos, nada fundamentales. Nunca ha tenido la velocidad desplegada por el gobernante en turno y la mayor parte del tiempo se maneja sin tomar en cuenta a las jefaturas de sus respectivos partidos. Hoy, en el mismo contexto parlamentario, se vuelve a hablar de la Mesa para la Gobernabilidad. A esto me referiré en otra ocasión.
