El pasado viernes hablé de los incrementos que están solicitando los órganosconstitucionalmente autónomos a sus presupuestos para el 2025. Particularmente, del casi 85% que pide el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), mismo que está destinado a desaparecer, por mandato de la reforma constitucional, próximaa ser promulgada.
Hertino Avilés Alvabera, comisionado presidente del IMIPE, el que fue cuestionado por haber justificado gastos de representación con facturas de donas, podrá negarse a responder a los medios de comunicación para qué quieren en la institución que representa un aumento presupuestal de tales dimensiones, pero no podrá negarse a hacerlo ante el Congreso, así como deberán hacerlo los titulares de los demás órganos de este tipo, que elaboran sus propios presupuestos de egresos.
Entre todos los órganos autónomos, de aprobarse tal cual fueron presentados sus presupuestos, la erogación total sería de casi tres mil cien millones de pesos, en su mayoría provenientes de recursos federales, de los que solamente alrededor de 70 millonesestán etiquetados, lo que significa que estas instituciones tienen manga ancha para hacer uso del presupuesto -como Hertino Avilés, comprando donas, por ejemplo-. Por tanto, vale muy bien la pena que los legisladores los cuestionen a fondo y que los procesos de fiscalización de los recursos asignados sean mejorados.
Otra institución que solicita un llamativo porcentaje de aumento es el Tribunal de Justicia Administrativa, que preside Guillermo Arroyo. 105.12%, que significa una diferencia de más de 65 millones de pesos en comparación con el de 2024. Podemos entender, en calidad de un supuesto bastante lógico, que dado el desastre que significó la anterior administración estatal y varias municipales, que el trabajo de resolver las controversias originadas entre dependencias y organismos de los diferentes niveles de gobierno, se les está incrementando y requieren de poco más del doble de los recursos con los que trabajaron este año, o bien que cuentan con proyectos de infraestructura y otras erogaciones importantes. Me resisto a creer que ahí también justifiquen gastos de representación con donas, como en el IMIPE. Pero tendrán que explicarlo y justificarlo, con toda claridad.
Y, mire, muchas de estas dudas saltan porque los presupuestos de cada institución no son dados a conocer. No son socializados. Es más, a veces los guardan como si se tratara de secretos de Estado o pecados inconfesables, cuando son todo lo contrario: recursos públicos provenientes de nuestros impuestos. Y no cuesta poco trabajo conseguir los documentos para poder ejercer nuestro derecho a la información.
La transparencia y la rendición de cuentas no son solamente rendir informes públicos de labores, ni dar discursos acompañados de gráficos o entregar reconocimientos a quienes han cumplido con lo que las leyes los obligan a hacer –como lo hizo el IMIPE, recientemente-, sino brindar condiciones de acceso a la información pública, facilitando todo aquello que es de interés para los que hacemos investigación, análisis, periodismo, para los sectores privados, los empresarios e inversionistas y, en general, para cualquier ciudadano interesado en estos temas.
Y no veo, en ninguna página Web de las instituciones que he mencionado, un solo linkque nos lleve a los documentos relacionados con sus proyectos de presupuesto. Sí que hace falta mucho por avanzar, actualizar y modernizar.
Y para iniciados:
En estos días deben llegar a las cuentas bancarias de los municipios las últimas asignaciones del año que termina. Mucho ojo con los alcaldes y los cabildos que ya se van. En su mayoría están dejando cuentas pendientes y bombas de tiempo para las administraciones entrantes. Pero no desestimen a los que repiten, también hay quienes han dejado de cumplir compromisos. Y eso se nota hasta en las calles de los municipios.
La información es PODER!!!
