El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se encuentra en medio del escándalo, justo en un momento en que las voces sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial Federal se multiplican y comienzan a formar eco en las entidades federativas, a fin de pensar en consecuentes reformas locales.
No bien han terminado las celebraciones por el día del abogado -hay algunos que no se han repuesto del todo, pues, como dicen, se la siguieron de filo-, continúan las entregas de distinciones entre pares, el aprovechamiento de las reuniones gremiales para la promoción personal y Luis Jorge Gamboa Olea es motivo de acaloradas conversaciones en chats de WhatsApp, manifestaciones tanto de apoyo como de repudio en redes sociales y crónicas sobre lo que acontece al interior del Tribunal.
En términos de los abogados, debe analizarse el tema procurando justicia. Hay que distinguir bien el tipo de conflictos que enfrenta Gamboa Olea para no caer en la generalización, no ponerlos todos en un mismo cajón. Sin embargo, vistos en su conjunto, sí terminan afectando su imagen pública y con ello a la de la institución. Y como, por supuesto, ningún individuo debería estar por encima de las instituciones públicas, el interés primordial debe centrarse en cuidar el correcto ejercicio de la función pública.
Y si seguimos la terminología jurídica, también es justo otorgar el beneficio de la duda, utilizando el adjetivo “presunto” a todo aquello de lo que se le ha acusado en las últimas semanas, sin dejar de señalar que para la institución y la sociedad morelenses es necesario que se demuestre la verdad o falsedad de cada caso.
Las versiones sobre sus presuntos deslices afectivos y su presunto conflicto marital, aunque ya existe jurisprudencia al respecto de que a los funcionarios públicos no asiste el derecho a la privacidad en el desempeño de sus cargos, no tendrían mayor trascendencia si no se hubiesen dado en el contexto del horario laboral y las oficinas públicas. Tan tienen importancia para el magistrado, Jorge Gamboa, que convocó a rueda de prensa para negar lo sucedido y anunciar que emprendería acciones legales a fin de proteger su honorabilidad y la de su familia.
Si a eso sumamos los cuestionamientos sobre acoso laboral, despidos injustificados y violencia contra las mujeres, el escenario se vuelve más complicado. Y la cereza del pastel la pusieron el grupo de magistrados, encabezados por Carlos Iván Arenas Ángeles, quien encima lo hizo responsable de lo que suceda a él o a su familia, cuando lo señalan, en concreto, de entorpecer y obstaculizar el correcto funcionamiento del máximo tribunal en la entidad.
Para nadie que haya tenido la necesidad de acudir a tribunales, ya sea como quejoso o acusado, es un secreto que la corrupción prevalece a lo largo de toda la estructura. Vamos, desde el famoso dinero para las copias y los regalitos que agilizan trámites, hasta corruptelas mayores enfocadas a orientar o coaccionar las sentencias de los jueces.
Entre todo esto, lo cierto es que la institución tiene que resolver la problemática y retornar a su funcionamiento, digamos normal. Que resuelvan lo mediático en los medios y lo jurídico en los tribunales, pero que lo resuelvan. A nadie le vienen bien los escándalos en los que se haya envuelto Gamboa Olea, magistrado quien hoy está mediáticamente en el banquillo de los acusados.
Y para iniciados
Cuando pensábamos que la nota de hoy sería la destitución de Raúl Anaya como súper delegado en Morelos, que era cuestión de tiempo, pues está plenamente identificado con Hugo Éric Flores Cervantes, quien lo dejó en el cargo para irse de frustrada campaña electoral, y terminó enfrentado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, un grupo de magistrados salieron a la calle y robaron cámara. Hoy esperamos respuesta de Jorge Gamboa Olea, a quien ya se le acumulan las explicaciones por dar y los hilos que tejer, pues ¿cómo será que pueda funcionar la institución, con la mayoría de los magistrados en su contra e inconformes?
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