No hacen campaña, no piden el voto, no prometen nada. No gobiernan, pero deciden. No legislan, pero sellan. No tienen legitimidad democrática, pero cada firma suya se impone como si la Constitución les hablara al oído. Son los notarios públicos: funcionarios privados con poderes públicos, herederos de un sistema que se disfraza de legalidad mientras respira por los tubos del privilegio.
Mientras se discute la renovación del Poder Judicial, mientras se grita contra jueces de consigna o ministros de élite, hay un poder más; el poder notarial. Más viejo que la República, más opaco que el petróleo. Viven con licencia del Estado.
En este país, la verdad oficial se alquila con una cédula y un escritorio. Se compra en una notaría. Se paga por hoja, por sello, por línea. La fe pública —esa fantasía jurídica que da validez a lo escrito— no nace del Estado, sino de la cofradía más endogámica del sistema. Para entrar, hay que ser parte. Para heredar, hay que haber nacido en cuna de tinta y papel sellado.
Se nos dice que los notarios son garantes de certeza, de legalidad, de orden; pero, lo que garantizan es el estatus quo: que nada cambie, que los trámites sigan siendo laberintos con peaje, que el acceso a la legalidad esté reservado a quienes pueden pagarla.
La Cuarta Transformación ha removido muchos cimientos. Ha desmantelado privilegios reales y algunos imaginados. Pero frente a las notarías, ha bajado la mirada. A lo mucho, las ha usado como botín. Ahí donde había que arrancar de raíz, apenas se hizo jardinería de conveniencia.
No es casual. Las notarías no sólo reparten riqueza; reparten poder. Son el pago silencioso por favores políticos, la recompensa perpetua para el operador fiel, el escondite de los funcionarios caídos en desgracia. ¿Qué se hace con un fiscal acusado de encubrir crímenes? Se le devuelve su notaría. ¿Qué se les da a los leales del régimen anterior? Un sello con el escudo nacional.
Mientras tanto, los pobres siguen firmando en hojas sin valor. Siguen sin heredar, sin formalizar, sin registrar. La informalidad no es un defecto cultural; es una condena legal impuesta por un sistema que privatizó el acceso a la certeza jurídica. El Estado no garantiza el derecho: lo subcontrata.
¿Queremos simplificar trámites? Empieza por desmontar el muro notarial. ¿Queremos atraer inversión? Que el capital no tenga que pedir permiso a los dueños del sello. ¿Queremos recaudar? Que el impuesto no se lo quede el fedatario. Cada trámite es una mina, y cada mina, un feudo.
La reforma judicial que no toque al notariado será reforma de cartón. La transformación que no rompa con esta élite será sólo una ilusión bien sellada.
Ahí donde Juárez quitó los sacramentos de las manos de la Iglesia, hoy deberíamos quitar la fe pública de los despachos con vista al Ángel.
El pueblo merece legalidad sin intermediarios, verdad sin precio, justicia sin cofradías de fedatarios que abusaron de su fe.
Y si la consigna sigue siendo devolver lo robado, habrá que empezar por ahí: por devolverle al pueblo la firma.
Entre el notariado hay destacados, honestos y brillantes Fedatarios Públicos, dignos de su desempeño, al resto, al resto a los que no han sabido honrar el sello, a esos que los juzgue la sociedad.
