Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos en el sexenio 1982-1988, decidió conceder solo a los trabajadores sindicalizados del Poder Ejecutivo la sensacional prestación de 90 días de aguinaldo.
Infortunadamente para las siguientes generaciones, aquella determinación se transformó y perniciosamente se la asignaron funcionarios de todos los niveles y los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), agregando al personal de confianza. Fieles a la costumbre, los cabildos repitieron la historia a lo largo y ancho del estado. Morelos es la única entidad mexicana donde existen tres meses de aguinaldo a favor de la burocracia, contra los 15 días que llegan a pagarse en la mayoría de estados.
En julio de 2020 fuimos informados sobre la iniciativa de la diputada local petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, para reformar los artículos 2 y 42 de la Ley del Servicio Civil, a fin de “dar claridad” sobre qué servidores públicos deben devengar tan elevada prestación, presuntamente reservada solo a la clase trabajadora.
Teóricamente, según la iniciativa de dicha legisladora, “los representantes populares y funcionarios de primer nivel, así como los titulares de los órganos autónomos no deben cobrar aguinaldo porque no son subordinados”.
Se suponía que la propuesta tenía dictamen y estaba lista para ser votada por el Pleno del Congreso, pero nada pasó. Propios y extraños aplaudieron la propuesta, ya que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los ayuntamientos, llevan décadas padeciendo la enorme presión de los aguinaldos, ofensivos para la inmensa mayoría de la sociedad, cada vez que se aproxima el fin de año. Me parece que en 2021 no habrá excepción, con mayor insolvencia financiera debido a la pandemia y a la reducción de ministraciones federales.
Los considerandos de la iniciativa de Tania Valentina eran (¿son?) de sobra conocidos. Ahí se lee que “la Ley prohíbe que, al gobernador, magistrados del Poder Judicial, titulares de los organismos descentralizados y desconcentrados, los diputados y los presidentes municipales, se les pueda considerar como antigüedad laboral los años que se encuentran en esas funciones, para efecto de alguna pensión jubilatoria; y para evitar que puedan recibir los 90 días de aguinaldo, prestación solo prevista en el servicio público para quienes realizan trabajo subordinado”.
La diputada establecía que también debe considerarse de forma expresa a todos los servidores con más alta jerarquía salarial y responsabilidad administrativa, concretamente a los titulares y consejeros de los Órganos Constitucionales Autónomos. Es decir, los titulares de la Fiscalía General del Estado; la Comisión de Derechos Humanos; el Instituto de la Mujer; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE); y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
Pero, vayamos más atrás en los antecedentes. El 10 de noviembre de 2010 me referí a la decisión asumida entonces por los diputados locales para no pagarse en diciembre del mismo año el ofensivo aguinaldo de 180 mil pesos. Aunque los coordinadores de grupos parlamentarios representados en la Junta Política y de Gobierno, presidida en aquel tiempo por el panista Luis Miguel Ramírez Romero, divulgaron la determinación a los cuatro vientos (considerándola “histórica”), la verdad fue que la medida quedó trunca. Hoy por hoy, el Congreso ha rechazado la idea porque se afectan los grandes intereses de políticos y burócratas “dorados” que siempre aspiran, además, a conseguir lucrativas jubilaciones.
Previo al 10 de noviembre de 2010, los diputados fueron exhibidos por el abogado civilista Juan Juárez Rivas, quien les dijo: “Ustedes no son trabajadores. Al contrario, constituyen la parte patronal o forman parte de ella”.
Los asesores jurídicos del Congreso concluyeron que el aguinaldo era ilegal. Pero… nada sucedió, simple y sencillamente porque nuestros ínclitos servidores públicos no tienen mística o ánimo de servir a la sociedad. Si hubiesen optado en sentido contrario, desde hace varios lustros habrían tomado la decisión de modificar la Ley del Servicio Civil, hasta llegar a la “medianía salarial” propuesta por el Benemérito de las Américas.
