Lo que se anunció como el primer gran golpe al crimen organizado y la corrupción gubernamental en Morelos, bajo el denominado “Operativo Enjambre”, ha terminado en un revés para la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) de Morelos. En una resolución que deja en entredicho la capacidad de integración de carpetas de investigación por parte del Ministerio Público, una jueza de control decretó este 9 de marzo la no vinculación a proceso de tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac y un presunto líder criminal, ordenando su inmediata libertad.
La decisión judicial no solo representa un balde de agua fría para la Estrategia Nacional contra la Extorsión, sino que abre un complejo escenario de gobernabilidad en el municipio, ante el posible —y polémico— retorno de los señalados a sus cargos electos y administrativos.
El pasado 3 de marzo, las fuerzas que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron un operativo de gran escala que incluyó el cateo del Palacio Municipal de Amacuzac. El resultado fue la captura de Patricia “N” (síndica municipal), Azucena “N” (regidora) y Alejandro Bladimir “N” (tesorero), además de Carlos “N”, alias “El Camarón”, señalado por las autoridades como un presunto enlace operativo del grupo delictivo «Familia Michoacana».
A pesar de la espectacularidad de las detenciones y la gravedad del delito imputado —extorsión agravada—, el acervo probatorio presentado por la FIDAI resultó insuficiente. Durante la audiencia de vinculación, el Ministerio Público no logró generar convicción en la jueza de control, quien determinó que los elementos presentados no eran aptos ni suficientes para sujetar a los imputados a un proceso penal.
Mientras la fiscalía especializada sostuvo que «no comparte el criterio» de la juzgadora y ha anunciado que apelará la resolución, la realidad jurídica es que los señalados han abandonado la prisión preventiva.
La liberación de la síndica, la regidora y el tesorero plantea una interrogante crítica: ¿pueden retomar sus funciones en el Ayuntamiento de Amacuzac?
Legalmente, al no existir una vinculación a proceso ni medidas cautelares que les impidan ejercer el cargo, los funcionarios mantienen sus derechos políticos y laborales intactos. Sin embargo, su retorno se vislumbra plagado de dificultades:
Un Municipio en la Opacidad
Mientras la FIDAI intenta salvar su caso mediante la apelación, el paradero del presidente municipal, Noé Reynoso Nava, sigue siendo una incógnita. Su ausencia durante los operativos y el silencio de las autoridades sobre una posible orden de aprehensión en su contra han sumido al Ayuntamiento en un vacío de liderazgo institucional.
El «Operativo Enjambre», que buscaba desmantelar las redes de extorsión que asfixian a los comerciantes y ciudadanos de la región sur de Morelos, ha quedado herido de gravedad en su primera etapa. La liberación de los sospechosos no solo es un golpe a la credibilidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sino un mensaje desalentador para las víctimas que esperaban justicia.
La apelación será un proceso lento que podría durar meses, tiempo durante el cual los funcionarios liberados podrían retomar el control administrativo de Amacuzac.
La pregunta que queda en el aire es si la fiscalía podrá fortalecer su teoría del caso o si este episodio pasará a la historia como otro ejemplo de «puerta giratoria» en la justicia morelense, donde la espectacularidad de las detenciones rara vez se traduce en sentencias condenatorias debido a la negligencia procesal.
