Quienes han estado inmersos en el bajo mundo del tráfico de influencias para la obtención de beneficios económicos saben bien que las circunstancias han cambiado en los últimos sexenios. A pesar del impulso a normatividades más rígidas y sanciones severas, han encontrado la manera de seguir sacando provecho del presupuesto público, no siempre en forma legal, pero invariablemente de manera inmoral.
Una de las áreas preferidas para hacer negocios de estos saltimbanquis que se hacen llamar empresarios ha sido Obras Públicas. Claro que hay otras donde confluyen la venta de bienes y servicios a los gobiernos, sin embargo, el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura o comunicaciones llama poderosamente la atención de los vivillos inversionistas. Las historias sobre los moches para los funcionarios públicos, 8, 10, 15 o hasta 20% libres de impuestos, recibos y cualquier prueba de vinculación que ofrecen a quienes allanen el camino para el asalto al erario, sobran, con pelos y señales.
En esos ambientes, según el gobierno de que se trate, no falta uno o dos personajes clave con quienes ya se sabe que se deben presentar los proyectos y las ofertas para obtener el visto bueno y las facilidades. Los de hasta arriba no son tan tontos como para dejar pruebas de sus contubernios. No obstante, en algún lado, en los casi de arriba o en medio, suelen quedar los indicios y las evidencias de esos cuestionables negocios.
Los resultados de la corrupción, pero también de la falta de profesionalismo, en el desarrollo y el mantenimiento de la obra pública son inocultables. Ayer fueron evidenciados por los legisladores locales en la comparecencia de la encargada del despacho del ramo, Leticia Nolasco Ortigoza, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Diputadas y diputados señalaron el pésimo estado de la infraestructura carretera, que estiman en hasta un 80%, así como la nula inversión en obras por parte del actual gobierno. Carreteras y caminos destrozados y en el abandono, mientras el presupuesto ejercido en obra fue de alrededor del 1% del total estatal. Diagnósticos van y vienen, pero desde aquel vídeo en que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, puso en evidencia la falta de mantenimiento carretero y de inmediato acudió una cuadrilla para tapar los baches en un camino de Axochiapan, en mayo de 2019, muy poco, casi nada se ha avanzado.
Problemas, deficiencias y carencias de infraestructura de todo tipo: educativa, turística, agropecuaria y siga usted la lista. Por donde lo vea, las cosas andan mal y van a peor. Poco duró el “pónganse a trabajar”, con el que AMLO culminó su regaño a gobernadores y presidentes municipales.
Pero el asunto no es sólo de inversión y presupuesto. También es de ética y profesionalismo.
Y para iniciados
Aquí es donde encontramos lo que puede ser el verdadero fondo del asunto. Por mediación del hermano del gobernador, Ulises Bravo Molina, quien fuera el primer secretario de Obras del Cuau, Fidel Giménez Valdés, hoy bajo proceso por la Fiscalía Anticorrupción, fue relevado por Leticia Nolasco Ortigoza, a quien trajo de la Ciudad de México, después de haberse desempeñado como directora general de obras y desarrollo urbano de la delegación Coyoacán. Al margen del cochinero que encontró la fuereña en la oficina de Valdés, que de inmediato se puso a corregir documentalmente, el movimiento no tenía por objeto principal sacar de la jugada a Fidel, sino a José Manuel Sanz Rivera y pasar el control de la secretaría a manos del hermano del gobernador, quien tras bambalinas comenzó a recibir, filtrar y aprobar o no… y ya se imagina usted lo demás. Pero de eso no preguntaron nada los actuales legisladores. La pregunta debió haber sido si la encargada del despacho, Nolasco Ortigoza, sigue en Palacio en calidad de florero, obedeciendo las órdenes del que de verdad manda ahí. Lo cierto es que esa secretaría amerita una investigación muy a fondo.
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