La liberación de Juana Hilda González Lomelí, ordenada esta semana por la Suprema Corte, marca algo más que el fin de un proceso judicial: simboliza el cierre de una época en el sistema de justicia mexicano. Tras casi 20 años presa, su condena fue anulada por haber sido construida sobre tortura e incomunicación, los sellos del viejo sistema penal autoritario.
La sentencia no solo desmorona el caso Wallace, sino que pone en jaque a todos sus coacusados, cuyas condenas se basaron en pruebas igual de cuestionables. Este caso, impulsado por Isabel Miranda de Wallace y avalado por fiscales y jueces durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, se vuelve un ejemplo paradigmático del uso de la tortura como método de “investigación” y del abandono de principios democráticos en la justicia penal.
El fallo de la Corte, uno de los últimos antes del nuevo paradigma judicial que inicia en septiembre con la reforma promovida por Andres Manuel López Obrador, -que bueno, dentro de lo malo por la tardanza, le tocó a esta Corte, resolver- nos deja una lección clara: la democracia electoral en México no tocó el núcleo autoritario de nuestro sistema penal. La justicia ha sido lenta, reactiva, y muchas veces, indiferente ante los abusos.
Hoy, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del Poder Judicial. ¿Tendremos jueces más independientes o más obedientes? ¿Más justicia o más castigo disfrazado de justicia? Lo cierto es que, si no se toca el poder desmedido de fiscales y la sumisión de los jueces, los errores del pasado seguirán repitiéndose.
El caso Wallace no solo cierra un ciclo: nos lanza una advertencia urgente sobre el que está por comenzar.
Nos han distraído del verdadero problema de la justicia en México, las fiscalías ineficientes, las policías corruptas, y por qué no decirlo, también, jueces locales y algunos federales, todos sumidos en la corrupción, porque tienen dinero o porque carecen de preparación o de perfiles; hoy más que nunca, México necesita funcionarios en fiscalías y poderes judiciales, federales y sobre todo locales, que honren su juramento a la Constitución y respeten los derechos humanos de quienes caen sus manos!
