El tiempo parece estar encima de las pretensiones de lograr las 18 reformas constitucionales propuestas por Andrés Manuel López Obrador, antes de culminar su sexenio. Las otras dos, que son a leyes secundarias, no tienen problema, ni tampoco las propuestas por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pues son de carácter social y contarán con el apoyo de la oposición.
El conflicto está focalizado en aquellas que concentran el poder en el Ejecutivo, militarizan la seguridad pública, desaparecen posibilidades de una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos, así como en la que reduce probabilidades de representación opositora en el Congreso de la Unión.
En resumen, las que regresan al país no sólo al estado en que se encontraba en los sesenta y setenta del siglo pasado, bajo un régimen hegemónico, sino con el agregado de la peligrosa militarización de la actividad pública, históricamente demostrada.
Aunque se vaya a encontrar bajo litigio en las próximas semanas y meses, la primera, la reforma a la manera en que se integrará el Poder Judicial, hoy por hoy, ya se encuentra en pleno vigor y las autoridades están vinculadas a cumplir con los trabajos que les fueron encomendados, en los tiempos que definió el presidente, a través del Legislativo.
Al comenzar los trabajos, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Instituto Nacional Electoral ya se toparon con las primeras lagunas e incongruencias de la reforma, que obstaculizan su puesta en práctica.
Primero, la subsistencia de recursos legales que deben ser desahogados para no permitir que la reforma vulnere los derechos humanos de los particulares, para lo cual no solamente están facultados los ministros y las ministras, sino obligados por las funciones constitucionales y reglamentarias que todavía tienen y que, en los días recientes, las ministras obradoristas han intentado nulificar, proponiendo que ya se lleve a cabo una transición hacia el nuevo régimen constitucional, lo que resulta improcedente, porque ni la reforma lo establece así y ni siquiera se han reformado las leyes secundarias que lo sustenten.
Sería una aberración que la reforma se opere violando las disposiciones vigentes por los propios responsables de hacer cumplir las leyes. Y todo por las prisas presidenciales de querer que ya esté en funcionamiento, cuando no se cuenta con todo el andamiaje jurídico, necesario para ello.
Segundo, la reforma otorga al INE las facultades para tomar decisiones sobre lo que no está especificado. Sin embargo, a la vez, resulta equiparable a reglamentar fuera de las atribuciones con que cuenta el Consejo General del INE y es contrario a las disposiciones constitucionales, pues esas facultades corresponden al Legislativo, exclusivamente.
De aprobar el INE reglas que debieran ser confeccionadas por el Legislativo, serán susceptibles de ser impugnadas y muy probablemente echadas abajo por los Tribunales, casos que ya han sucedido anteriormente. No serían ninguna novedad. Y ahí está otro problema por no esperar a que las Leyes secundarias sean reformadas o fueran expedidas leyes específicas al respecto. ¿Cómo es posible que la reforma plantee que el INE lleve a cabo reglamentaciones que la propia Constitución no les faculta a realizar? A todas luces, eso sería impugnable por quienes resulten afectados.
Se advirtieron con mucho tiempo de anticipación los problemas operativos de la reforma y, como puede usted percatarse, el Derecho no es tan fácil de aplicar como lo quiso hacer ver el presidente. Pero, espere, esta traginovela jurídica apenas está comenzando.
Y para iniciados:
De no creerse. Claudia Sheinbaum recibió, dijo, en visita de cortesía a Miguel Ángel Yunes Márquez, el panista que no de a gratis, claro, votó y votará en el Senado las iniciativas del presidente, junto con Morena. Más allá de los celos que despierte esa reunión entre aquellos que también dieron su voto a favor, pero no conocen más que de lejos a Sheinbaum, el mensaje político está enviado. Los pecados políticos, los señalamientos de corrupción, el enriquecimiento a costa del poder y cualquiera de las investigaciones que se hayan hecho, son cosa del pasado. ¡Los Yunes han sido purificados!
La información es PODER!!!
