Lo ocurrido durante la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México es simplemente inaceptable. No se puede disfrazar de “protesta” lo que fue una jornada de violencia desbordada: incendios, saqueos, agresiones brutales a policías y civiles, bombas molotov, robos masivos y miedo sembrado en el corazón de la capital. Lo más alarmante: todo bajo la mirada pasiva —y hasta condescendiente— de las autoridades.
Un grupo de cientos de encapuchados, que se autodenominan anarquistas, actuó con total impunidad. Destrozaron lo que encontraron a su paso, atacaron a quienes buscaban contenerlos y dejaron un saldo doloroso: decenas de civiles y policías heridos, comercios arrasados, pérdidas millonarias y una ciudad rehén del caos.
La cifra es contundente: más de 120 personas lesionadas, entre policías y civiles, y apenas un detenido. ¿Esa es la “estrategia de contención”? ¿Permitir que el vandalismo se normalice para evitar ser señalados de represión?
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aplaudió a sus elementos por “resistir” sin responder. Pero el problema no es la ausencia de violencia por parte de los uniformados, sino la ausencia de Estado. Porque tolerar el desorden, bajo el pretexto de no repetir el 68, es un error histórico y peligroso.
La ley existe no para reprimir, sino para proteger a los ciudadanos, y cuando esa protección no llega, lo que se cultiva es la anarquía.
En este país existe una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que establece con claridad que sólo las instituciones de seguridad pueden hacer uso de ella, y siempre en respeto estricto a los derechos humanos. Pero que quede claro: respetar derechos no significa dejar a la sociedad a merced de encapuchados violentos.
Y mientras eso ocurre en las calles, en el Congreso se juega otro tipo de violencia, más silenciosa pero igual de corrosiva: la que se pretende ejercer contra el derecho al amparo.
La propuesta de reforma que incluye un transitorio para aplicar retroactivamente los cambios a la Ley de Amparo es un golpe a la Constitución. El artículo 14 es claro: ninguna ley puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Intentar lo contrario no sólo vulnera el Estado de derecho, sino que abre la puerta a arbitrariedades peligrosas.
Lo más confuso del caso es que, tras la aprobación en el Senado, nadie parece querer asumir la autoría del transitorio. Se señala al exministro Arturo Zaldívar, pero él mismo, en presencia de la presidenta Sheinbaum, pidió corregir el error. También se apunta hacia la consejería jurídica de la Presidencia y al senador Manuel Huerta, quien lo justificó diciendo que los amparos “entorpecen” las sentencias. Como si garantizar derechos fuera un obstáculo y no un pilar de la democracia.
Afortunadamente, voces dentro del propio Congreso ya advierten que la Cámara de Diputados corregirá la minuta.
Pero el intento quedó registrado. Y lo que muestra es una peligrosa tentación autoritaria: reformar leyes fundamentales para cerrar caminos de defensa legal a los ciudadanos.
En las calles se permite el caos. En el Congreso se juega con la ley. ¿Dónde queda el Estado de derecho? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar la impunidad y el abuso disfrazados de tolerancia y reforma?
Ni la violencia debe tolerarse en nombre de la protesta, ni la Constitución puede torcerse al gusto del poder. Defender la ley, aplicarla con justicia y proteger los derechos de todos: eso es lo que distingue a una democracia de la barbarie.
