¿Cómo evaluamos la eficacia de un gobierno? ¿Cuál es el parámetro para medir si realmente cumple su función primordial: proteger la vida y el bienestar de su población? Estas preguntas son inevitables cada vez que un desastre natural golpea con fuerza, como ocurrió este fin de semana con las intensas lluvias que azotaron varias regiones del país.
Los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro vivieron una de las emergencias más graves del año. Hasta ahora se reportan al menos 76 personas fallecidas y 31 desaparecidas. Las cifras son alarmantes, pero no nuevas. Lo preocupante es que, una vez más, la respuesta del gobierno —en sus distintos niveles— ha dejado mucho que desear.
¿Qué provocó este desastre? Un complejo escenario climático, resultado de la interacción entre la tormenta tropical Raymond, un sistema de baja presión, y los remanentes de Priscilla. No es la primera vez que enfrentamos fenómenos simultáneos de esta naturaleza. Lo que sorprende no es su ocurrencia, sino la falta de preparación ante su inminencia.
La presidenta Sheinbaum declaró que no se esperaba un evento de tal magnitud. Pero los modelos meteorológicos y las alertas emitidas con días de anticipación —como las de Conagua el pasado jueves— indican otra cosa. La información estaba ahí. Lo que falló fue la capacidad de anticipación y, sobre todo, de ejecución.
México no es ajeno a las amenazas naturales. Huracanes, tormentas e inundaciones son parte de nuestra geografía. Por eso, la prevención debería ser política de Estado, no una reacción improvisada cada año. Y sin embargo, seguimos viendo cómo el presupuesto destinado a Protección Civil se reduce, cómo los planes preventivos brillan por su ausencia y cómo las autoridades solo aparecen cuando ya es demasiado tarde.
Para 2025, el recorte a Protección Civil fue del 8%. Esto no es una coincidencia ni una fatalidad presupuestal: es una decisión política que refleja prioridades. Y la prioridad, claramente, no está en la prevención.
A nivel nacional, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, debe rendir cuentas. Su desempeño, especialmente durante crisis anteriores como los huracanes Otis y John, ha sido duramente cuestionado. La actual administración heredó una estructura débil en esta materia, pero ya no puede escudarse en el pasado. Es tiempo de asumir responsabilidades y corregir el rumbo.
La presidenta ha mostrado voluntad al visitar las zonas afectadas, algo que la distingue de su antecesor. Pero la presencia en campo, aunque simbólicamente importante, no sustituye las políticas públicas eficaces ni la rendición de cuentas.
Es momento de que los gobernadores y sus dependencias estatales de Protección Civil también sean evaluados. Las comunidades afectadas lo exigirán, con razón.
En medio del caos, vale reconocer al Ejército mexicano, que una vez más ha demostrado eficacia con la aplicación del Plan DN-III. Su actuación es rápida, estructurada y sensible ante la tragedia. Es una de las pocas instituciones que ha mantenido la confianza ciudadana en estos contextos.
Pero el país no puede vivir dependiendo del Ejército para resolver lo que otros organismos civiles deberían prever. Es hora de revisar estructuras, ajustar presupuestos y, sobre todo, poner al frente de áreas sensibles a personas con resultados probados.
La política de prevención no da votos inmediatos, pero salva vidas. Y esa debería ser la meta de cualquier gobierno que se diga comprometido con su gente.
