Con respecto al tema de las pensiones pagadas por el gobierno estatal y todos los ayuntamientos a sus ex trabajadores, pero también a una pléyade de funcionarios y políticos que en su momento gozaron las mieles del poder y consiguieron sus jubilaciones a un alto costo en perjuicio del erario, es importante ir a los antecedentes, verbigracia a lo ocurrido en marzo de 2008 tocante al proyecto del entonces gobernador panista Marco Adame Castillo para crear el Instituto de Pensionados y Jubilados.
La iniciativa enfrentaba graves conflictos dentro del Congreso local. El estado anímico de quienes finalmente consiguieron frustrar el proyecto se exacerbó al trascender un listado de personajes de la vida pública morelense que, pese a su evidente solvencia económica, tenían añejos adeudos con el Instituto de Crédito del Gobierno del Estado.
Una comisión legislativa del Congreso morelense, creada exprofeso para abordar el asunto, debió sacar adelante el tema del Instituto de Pensionados y Jubilados, en cuya necesidad coincidían, además de los diputados de todos los partidos, académicos, investigadores, autoridades municipales y estatales, así como los dirigentes de diversos sindicatos de burócratas.
Todos habían participado en una serie de reuniones donde la constante fue la actitud defensiva de los sindicalistas, quienes veían a los demás como oponentes dispuestos a hacerlos objeto de un engaño para despojarlos de cualquier derecho en materia de pensiones y jubilaciones.
Lamentablemente, las negociaciones se estancaron luego de cuatro encuentros ríspidos. Fue así como la comisión especial suspendió la quinta reunión con el argumento de que otros miembros de la misma, entre quienes destacaban Emma Margarita Alemán y Martha Patricia Franco, del PAN, y David Irazoque, del PRD, irían a conocer experiencias de los institutos de pensiones de Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Ante ese argumento hubo líderes sindicales que respondieron con el reclamo de participar en el “tour” para no recibir información falsa de los legisladores, entre ellos Leopoldo Reyes Gaytán, del Poder Ejecutivo; Jesús Millán Toledo, del Judicial; Gabriel Ramos Martínez, del Legislativo; Margarita Alarcón Sánchez, líder de los maestros con plazas estatales; y Baldomero Díaz Sotelo, dirigente de los jubilados. Los sindicalistas tenían sospechas de que el Congreso se había confabulado en el intento de quitar a los burócratas sus derechos de pensión y jubilación. Así las cosas, el Instituto de Pensionados y Jubilados fue bloqueado.
Empero, otro factor que generó la inconformidad fue la revelación de una larga lista compuesta por políticos de todos los partidos, funcionarios y hasta diputados y magistrados, a quienes presuntamente de manera indebida se les permitió incumplir por años el pago de sus deudas con el Instituto de Crédito. Este escenario contrastaba con la realidad de los auténticos trabajadores: ellos, sus avales y deudores solidarios siempre han sido presionados y hasta embargados para obligarlos a pagar sus deudas con dicho organismo. Por eso y más se justificó la reacción de los burócratas. En teoría no debió haber excepciones, pero la forma en que determinados miembros de la “burocracia dorada” burlaron los controles y procedimientos para no pagar sus empréstitos durante años, fue un ingrediente más para dar al traste a las deliberaciones de Marco Adame Castillo y el Congreso.
Cuando ingresó al Congreso la iniciativa para crear el Instituto de Pensionados y Jubilados las autoridades estatales habían lanzado ya la voz de alerta sobre la gigantesca sangría representada al erario por el delicado asunto. La solución al creciente problema de las pensiones era mucho más importante que las posiciones políticas y dislates de ciertos operadores.
Allá y entonces había trascendido un informe leído ante el Consejo Universitario por el rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, quien pronosticó también el escenario actual de las finanzas de dicha institución:
“Lo que más nos ocupa y preocupa es el exponencial incremento del pasivo generado por las jubilaciones. Si en los próximos meses no avanzamos significativamente en diseñar formas de resolver el pasivo laboral, muy pronto enfrentaremos una situación económica que pondrá en riesgo la viabilidad de la universidad”.
El escenario actual sigue siendo el mismo en los tres poderes de Morelos, en los ayuntamientos y en la UAEM. ¿Terminará algún día la problemática? Al parecer la respuesta es un contundente NO, mientras no se expida una nueva Ley del Servicio Civil en nuestro estado. A eso me referiré en otra ocasión.
