Esta semana se instaló una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no es cualquier cambio. Por primera vez, sus integrantes llegaron por medio de un proceso electoral, un ejercicio inédito, sí, pero también cuestionado por su baja participación y por las dudas sobre la equidad y la representatividad del proceso. El resultado: nueve ministras y ministros alineados con Morena, el partido en el poder, designados desde las estructuras oficiales, sin contrapesos reales. Así se ha dicho reiteradamente al señalar la existencia de os famosos acordeones.
Y aquí surge una pregunta que no se puede ignorar: ¿puede una Corte que nace tan homogéneamente ligada al poder político actuar como un verdadero contrapeso? ¿Puede ser árbitro si fue nombrada por un solo equipo?
Hay que decirlo con claridad: el poder de la Corte no está en la fuerza, ni en la cantidad de votos, ni en el control presupuestal. Su único poder real es su legitimidad, su capacidad de ser vista como una autoridad moral, imparcial, justa y fundamentalmente independiente!Y esa legitimidad hoy no está garantizada.
El tribunal constitucional más importante del país se encuentra frente a una disyuntiva. Por un lado, puede convertirse en un órgano dócil, que acompañe las decisiones del gobierno, que valide todo lo que venga desde arriba. Esa ruta sería cómoda, pero la convertiría, muy pronto, en irrelevante.
Por otro lado, puede tratar de construir su legitimidad a partir de sus decisiones. No será fácil. Requiere valentía, independencia y técnica jurídica. Pero esa es la única forma en que esta nueva Corte podría llegar a ganarse la confianza que, por ahora, no tiene.
Y ojo: el panorama no es alentador. Todo está diseñado para que, en los temas más importantes para el Ejecutivo —reformas electorales, seguridad, Fuerzas Armadas, energía, relación con Estados Unidos sw Norteamérica —, la Corte no se le oponga. Es decir, que funcione como sello de aprobación, no como control constitucional.
Ese modelo no es nuevo. Así funcionaba México durante el siglo XX, en pleno régimen autoritario de partido hegemónico. La Corte de entonces nunca desafiaba al presidente. Las sentencias en los casos políticos eran predecibles… porque ya estaban definidas desde el poder.
¿Estamos volviendo a eso? Tal vez. Pero también hay otro ángulo que no se suele mencionar: los asuntos políticamente “relevantes” son pocos. La mayoría de los casos que llegan a la Corte no interesan directamente al gobierno. Son pleitos entre particulares, reclamos ciudadanos, problemas ambientales, laborales, de salud, telecomunicaciones, comercio. Ahí es donde la nueva Corte puede jugar un papel decisivo.
Miles de esos casos ya están en proceso. Fueron preparados con base en la jurisprudencia y en los precedentes que se construyeron en los últimos 25 años. ¿Cómo los resolverán los nuevos ministros? ¿Con qué criterio? ¿Van a respetar el avance jurídico y en materia de derechos humanos que ya existía, se respetarán las decisiones de la Corte Interamericana? ¿O lo van a romper todo y empezar desde cero?
Parecen preguntas técnicas, pero no lo son. Si la Corte empieza a fallar, es decir, a resolver, sin técnica, si se olvida de los precedentes y de las obligaciones internacionales en materia de ddhh, si improvisa o pretende alejarse de la Constitución para acercarse al populismo … lo que vendrá será un caos. Porque si nadie puede anticipar cómo va a resolver la justicia, entonces todo se vuelve incierto. Y la incertidumbre jurídica no solo afecta a los justiciables, afecta a los abogados: pero también afecta a la economía, a las inversiones, a la vida cotidiana de millones de personas.
La nueva Corte tiene una oportunidad y una responsabilidad. Puede ser parte del equilibrio de poderes, o puede ser una extensión del Ejecutivo. Puede proteger derechos, o puede mirar hacia otro lado. Puede construir legitimidad o perderla para siempre.
Ojalá, por el bien de todos, elijan el camino más difícil… pero el único correcto.
