La militarización de la seguridad pública ¿Amenaza o beneficio para la ciudadanía?
El día 9 de septiembre de 2022, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que modifica cuatro leyes, una de ellas con el fin de que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Por ello, al agotarse el proceso legislativo en ambas cámaras, la citada reforma deberá ser enviada al ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Pero ¿Cuáles son las expectativas que se pretenden con esta reforma?
Para contextualizar el tema, debe precisarse que estas modificaciones legales fueron propuestas por el Presidente de la República, como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país, asegurando que la Guardia Nacional continuaría su consolidación como institución adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; sin embargo, ahora será la SEDENA, quien autorizará los planes y programas para el ingreso, formación, capacitación y profesionalización de los agentes policiacos.
El propósito principal de la reforma, de acuerdo a la exposición de motivos es garantizar el combate a la impunidad y el respeto de los derechos humanos; sin embargo, no se puede dejar de advertir que el artículo 21 de la Constitución Federal, mandata que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben ser estrictamente de carácter civil, siendo un hecho notorio que los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, pues hacen con frecuencia uso de la fuerza letal.
De lo anterior, resulta cierto también que nuestro país se encuentra inmerso en ciclos interminables de violencia ligados al crimen organizado, que de acuerdo al INEGI han dejado más de 340,000 muertos desde el año 2006, esto cuando se lanzó otro polémico operativo militar en combate al narcotráfico, el cual no cumplió sus propósitos, pues de acuerdo a las cifras expuestas por la Asociación “México unido contra la delincuencia”, fue en 2007 cuando se autorizó en las calles el despliegue masivo de militares y los homicidios se triplicaron. Y desde que la Guardia Nacional nació en 2019, la cifra de homicidios se mantuvo estable entre 35.600 y 36.600 anuales; es decir, no mejoró, además de que aumentaron los secuestros y extorsiones en contra de ciudadanos y empresas.
Lo que antecede, demuestra que un mayor número de armas desfilando por las calles, nunca va a ser la respuesta para erradicación de la violencia, toda vez que la misma Carta Magna lo establece en su artículo 3º, pues debe siempre apostarse a la educación, la cual debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, los derechos humanos, el respeto a las libertades, la cultura de paz y la justicia; pues solo promoviendo la honestidad y los valores desde la infancia, se torna posible la cultura ciudadana y la formación de personas honorificas ajenas a las organizaciones ilícitas que tanto dañan a nuestra seguridad y a la nación.
