La cuarta transformación avanza a pasos apresurados, como nunca, en las reformas estructurales, en su mayoría propuestas por Andrés Manuel López Obrador y planteadas por la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, como el segundo piso de un nuevo modelo de gobierno que abarca todos los ámbitos de la vida pública.
A partir de los reveses a las reformas a leyes secundarias, aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso Federal, precisamente por ser inconstitucionales, López Obrador tuvo claro que su proyecto exigía de modificaciones sustanciales a las normas fundamentales del país para hacerlo, al mismo tiempo, viable y duradero.
Y eso sólo sería posible si lograban obtener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como en más de la mitad de las legislaturas locales. Como sea, con todas las críticas que se puedan señalar a la manera en que el oficialismo construyó esa mayoría, lo logró, desplazando a las oposiciones partidarias a jugar un papel puramente testimonial.
A estas alturas del nuevo sexenio, que lleva menos de dos meses, ya no hay duda de que terminarán por ser aprobadas todas las reformas constitucionales ideadas por Andrés Manuel. Esas reformas, más temprano que tarde, deberán llevar a la armonización de las constituciones de las entidades federativas conforme al texto de la Carta Magna.
En algunos casos, las reformas aprobadas y las que están por aprobarse, explícitamente imponen plazos a los estados de la República para que adecuen sus respectivas constituciones. Debido a la jugada maestra de la aprobación de la llamada “supremacía constitucional”, a querer o no, tendrán que hacerlo, incluidos los congresos compuestos por mayorías de partidos opositores. Ya no hay recurso ni argumento que puedan esgrimir para evitarlo, so pena de la posibilidad de ser sometidos a un juicio político por el incumplimiento de los mandatos constitucionales vigentes.
Pongo unos ejemplos. Sí o sí, deberán armonizar las leyes locales para que también en las entidades federativas los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Los órganos locales de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personaleshabrán de desaparecer y sus funciones serán distribuidas entre las dependencias de los gobiernos estatales, como es el caso en Morelos, donde el IMIPE está condenado a supronta extinción. Lo mismo sucederá con el IMPEPAC, pues la reforma electoral que será aprobada en las siguientes semanas o meses ordena la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Sin embargo, todo este proceso legislativo para el rediseño de las instituciones públicasadolece de leyes secundarias y hasta de contradicciones, que deberán ser subsanadas para que los legislativos locales estén en posibilidades de reproducir el modelo federal. Mientras en el Congreso de la Unión, en la práctica, están reescribiendo la Constitución, adicionándola, además con detalles que no tendrían por qué estar en los mandatos fundamentales, sino en leyes reglamentarias, en los congresos locales la carga de pendientes por abordar se va acumulando.
La armonización de las leyes locales con las federales no es ya un asunto opcional o que dependa de la soberanía de las entidades federativas, es mandato constitucional vigente, supremo e inevitable, pero no tan sencillo de aterrizar mientras en lo federal no resuelvan toda la problemática que se ha generado, producto de las prisas, el descuido y el desaseo legislativo.
Y para iniciados:
Dalila Morales Sandoval dejará pronto de ser la dirigente del PAN en Morelos. El actual diputado, coordinador de la fracción parlamentaria blanquiazul y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Oscar Daniel Martínez Terrazas, será quien presida a la segunda fuerza política en Morelos. Encima de las responsabilidades administrativas, de la relación con el gobierno actual y su papel como dirigente opositor,tendrá el reto de preparar a su partido para el nuevo entorno electoral, una vez que las reformas en la materia hayan sido aprobadas. Como el resto de los partidos, tendrán que pensar muy bien sus estrategias, por ejemplo, una vez que ya no haya diputaciones plurinominales y se reduzca el número de regidores que compondrán los cabildos.
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