La reflexión que me servirá como preámbulo para abordar el tema de hoy se atribuye a Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinoza, conocido solo como Francisco de Miranda, nacido en Caracas, el 28 de marzo de 1750 y fallecido el 14 de julio de 1816 en San Fernando de Apure, Venezuela. Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo venezolano considerado el precursor de la emancipación americana contra el imperio español.
Estas fueron sus palabras:
“De todas las maneras de matar la libertad, no la hay más asesina, para una República, que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”.
Ahora desglosemos.
Millones de mexicanos llevamos casi dos años observando el manejo de la pandemia del Covid-19 en México por parte del médico Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud a nivel federal. Entre otras acciones, junto con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, lidera el programa nacional de vacunación, mismo que avanza a paso de tortuga en múltiples sitios de la República, simple y sencillamente debido al componente político (control) mezclado con la inoculación. Esto pronto lo veremos repetido cuando se distribuyan los nuevos fármacos contra la enfermedad, adquiridos por la administración federal sin darle oportunidad al sector privado.
Según datos de importantes instituciones del gobierno de la República, como son la propia Secretaría de Salud cuyo titular es Jorge Alcocer (aunque quien lo rebasa por completo es López-Gatell), y el INEGI, hasta ahora la pandemia ha ocasionado la muerte de casi 600 mil mexicanos. El multicitado subsecretario es frecuentemente cuestionado a causa de sus dislates y pésimo manejo de la estrategia contra el Covid-19. Y por ello está denunciado penalmente en la Fiscalía General de la República (FGR).
Es aquí a donde quería llegar. Y es que un juez federal ordenó a la FGR investigar a López-Gatell por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, por muertes registradas en la pandemia por Covid-19.
Efectivamente. En acatamiento a una sentencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, instruyó al Ministerio Público Federal comenzar la indagatoria.
Fue el diario Milenio el que dio a conocer, el 24 de noviembre de 2020, que familiares de personas fallecidas a causa de Covid-19 comenzaron a presentar ante la FGR denuncias penales contra el subsecretario Hugo López-Gatell, acusándolo de incompetencia y negligencia en su desempeño como jefe de la estrategia del gobierno federal ante la pandemia.
La primera fue del abogado Felipe Jiménez Palacios y Nayeli Martínez Aguilar, en representación del padre de Felipe y de Eber Álvarez Zavala, quien fue pareja de la señora. Jiménez Palacios es representado actualmente por el abogado Javier Coello Trejo, para quien trabaja en su despacho. El 15 de diciembre de 2020, la FGR desechó la denuncia de hechos, sin haber llevado a cabo actos de investigación.
Los denunciantes impugnaron la medida ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, pero no resolvió a su favor. Después, los afectados presentaron un amparo, pero les fue negada la protección de la justicia.
Ante esta situación, interpusieron un recurso de revisión y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal determinó en diciembre pasado revocar la sentencia y otorgar la protección, ordenando al juez de control llevar a cabo una nueva audiencia donde se ordenase al Ministerio Público Federal iniciar la pesquisa.
“La fiscalía debe ejercer y cumplir su obligación de investigar los hechos denunciados por las víctimas indirectas, con apariencia de delito, todo ello conforme a lo previsto por los artículos 131, 212, 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, determinó Ganther Alejandro.
En un principio, la denuncia se presentó con el apoyo de la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, donde se incluyen ejemplos de las declaraciones que ha dado el funcionario. Según la UNE (estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, La Salle, Panamericana, Iberoamericana y Anáhuac; de los institutos Tecnológico Autónomo de México y de Monterrey, así como de la Escuela Libre de Derecho), “el zar anticovid ha caído en hechos con apariencia del delito conocido como comisión por omisión, negligencia e incompetencia”, previstos en el Código Penal Federal.
Afirmaron que López-Gatell ha tenido una “deficiente actuación” y es documentable “su evidente irresponsabilidad y tendencia a informar de manera incompleta y falaz al pueblo mexicano”, lo que ha dado como resultado “el cúmulo de homicidios de comisión por omisión”. Etcétera, etcétera.
Si la justicia y la aplicación de la ley existen en nuestro país, tarde o temprano alcanzarán a López-Gatell quien, sin embargo, nunca ha actuado de manera autónoma. Varias veces he afirmado que está relacionado, junto con sus jefes, en delitos de lesa humanidad. Y es protegido desde las más altas esferas del poder nacional. Por ahora goza de cabal impunidad, pero llegará el momento cuando los muertos saldrán de sus tumbas para reclamarle cada uno de sus hechos. A ver.
