- Tras analizar la apelación de la Fiscalía Anticorrupción, por unanimidad los magistrados de la Segunda Sala ordenaron vincular a proceso a la ex secretaria de Obras y dos ex funcionarios más
- Se encuentran imputados por el presunto pago de más de 13 millones 800 mil pesos a una empresa para la construcción de una planta valorizadora que no se concluyó en el municipio de Yautepec
La Fiscalía Anticorrupción logró que magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocaran por unanimidad la no vinculación que un juez concedió a tres ex funcionarios de la pasada administración estatal, imputados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, ya que presuntamente permitieron el pago de más de 13 millones 800 mil pesos a favor de una empresa, para la construcción de una planta valorizadora que no se concluyó.
En audiencia de apelación celebrada este jueves 12 de mayo de 2022, en las instalaciones del TSJ, los magistrados votaron a favor de dictar auto de vinculación a proceso contra Patricia “N” ex secretaria de Obras, Lucero “N” ex Directora General de Obras y Marco “N” ex Supervisor de Obras, relacionados con la causa penal JC/697/2019.
El 23 de octubre de 2021, un Juez de Control resolvió no vincular a proceso a los tres ex funcionarios, razón la cual la Fiscalía Anticorrupción promovió un recurso de apelación, presentando datos y argumentos contundentes para que fuera revocada la no vinculación.
En sus investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción evidenció que los imputados teniendo conocimiento -por razón de sus cargos- que pudieran verse afectados los intereses del Estado, no evitaron la contratación de la empresa AFI Construcciones S.A. de C.V., la cual, no tenía capacidad técnica ni financiera para realizar una planta valorizadora de residuos sólidos en un predio conocido como “El Zarco”, en el municipio de Yautepec, que es susceptible a inundarse, además aprobaron el total del pago, sin que la constructora entregara completo el trabajo.
Incluso, presuntamente expidieron un documento en el que liberan a la empresa de cualquier responsabilidad, lo cual sucedió después de haberles pagado la totalidad del costo de la obra.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
