Las componendas entre los legisladores y los emisarios del gobierno local para integrar el cuerpo de auditores que cobran en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado (ESAF), y varios cargos más a su interior, tuvieron el propósito de ocultar, maquillar o dar carpetazo a posibles irregularidades cometidas en el uso de los recursos públicos, por funcionarios tanto municipales como estatales. Las responsabilidades al respecto podrían alcanzar, según el caso, hasta al Poder Ejecutivo.
Las razones para que los diputados propongan una iniciativa de reforma que tenga por finalidad desaparecer la hoy denominada ESAF y la sustituyan por un nuevo organismo autónomo saltan a la vista, si se revisan los postulados de las leyes y se contrastan con los hechos. Particularmente, las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la de Auditoría y Fiscalización, la de Fiscalización Superior, así como otras que parecen letra muerta, es decir, la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de Responsabilidades Administrativas, la Anticorrupción y, por supuesto, las penales.
Antes de llegar a su conformación actual, la ESAF ya había atravesado por vergonzosos episodios, desde 2003, cuando fue llamada Auditoría Superior Gubernamental y luego, en julio de 2008, Auditoría Superior de Fiscalización. Por ejemplo, Gerardo Casamata Gómez, nombrado auditor superior, fue destituido, luego de casi tres años en el cargo, al descubrirse que no cumplía con los requisitos constitucionales establecidos para ocupar la presidencia del organismo. En otras palabras, habían nombrado a una persona inhabilitada legalmente.
Al contrario de lo que destaca en su visión, misión y valores la ESAF no es merecedora de confianza, credibilidad, honestidad, capacidad, respeto e imparcialidad, no cumple con la encomienda de garantizar la vigilancia y transparencia en el manejo de los recursos públicos, pues más bien parece tapadera de desfalcos, omisiones e irregularidades. Por pura y simple lógica, pregunte usted a cualquier auditor serio, es inverosímil que no se encuentren observaciones en cuentas públicas, pero sí es políticamente entendible que se encubran para proteger a ciertos funcionarios.
Mire usted, esta mañana busqué el directorio de la ESAF en su página Web y resulta que no está disponible. También descargué los informes de 2018 a la fecha. Y no todos están disponibles. El apresurado nombramiento de su hoy titular, América López Rodríguez, de sus auditores y de personal en cargos de dirección administrativa fue producto de la desesperación de un gobierno que teme sean descubiertas las múltiples irregularidades cometidas en años recientes.
La ESAF es todo un ejemplo contrario a lo que debería ser un organismo autónomo e independiente de los poderes del Estado, porque a pesar de que legalmente podría serlo, el contubernio entre diputados y Ejecutivo hizo posible que fueran socavadas y anuladas dichas aspiraciones constitucionales. Más bien, huele a corrupción.
Ahora las preguntas son: ¿Cómo harán los legisladores actuales para que la creación de un nuevo organismo no se convierta en un “borrón y cuenta nueva”, dejando en la impunidad todo aquello que la titular, América López, se haya encargado de manipular? ¿Podría ser ella también objeto de investigación si se encuentran indicios de corrupción? Y ¿tendría la Fiscalía Anticorrupción facultades para intervenir si es el caso de que se vayan destapando esas corruptelas?
Y para iniciados
Ya salieron el secretario de Gobernación y el coordinador de los diputados de Morena, Adán Augusto López e Ignacio Mier, respectivamente, a decir incongruencias para justificar la revancha del presidente contra el INE. El primero, dice que se usen los recursos de los fideicomisos, lo que de entrada es ilegal, además de que serían insuficientes. Y el segundo, a sugerir que el INE despida empleados y recorte gastos como papel de baño, por decir algo. Ahí tiene usted las genialidades de los morenistas de la 4T.
¡Que tenga un excelente fin de semana!
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