Ha transcurrido casi un año desde que se trazó la hoja de ruta para el nuevo modelo de impartición de justicia en México. La narrativa oficial prometió una metamorfosis radical; una «limpieza profunda» de vicios que, paradójicamente, nunca fueron diagnosticados con rigor técnico ni evidencia concluyente. Se blandió la bandera de la corrupción generalizada para demoler un sistema que, si bien era perfectible, sostenía los pilares de la institucionalidad.
Hoy, con los escombros a la vista, la retórica se estrella contra la realidad: no hay claridad, no hay certeza y, fundamentalmente, no hay confianza.
La justicia, que debe erigirse como el último refugio del ciudadano frente al abuso, se ha transformado en un terreno pantanoso. En las magistraturas y juzgados ya no figuran necesariamente los perfiles más brillantes ni las trayectorias más íntegras. En su lugar, emerge una estructura debilitada donde la capacidad técnica ha sido canjeada por la improvisación.
Esta degradación no es abstracta; se palpa en la cotidianidad. En México, y de manera acentuada en Morelos, el ciudadano ha dejado de acudir a los tribunales con la convicción de que la ley le amparará si tiene la razón. Hoy se asiste con recelo, bajo el temor de que su causa —por vital que sea— naufrague entre criterios contradictorios, sentencias carentes de sustento o, en el peor de los escenarios, intereses ajenos a las Leyes vigentes y la progresividad de los Derechos Humanos ya reconocidos en México mediante resoluciones y criterios en la conformación de la anterior Suprema Corte.
Creemos que, cuando la justicia deja de darnos certeza y seguridad, simplemente deja de ser justicia.»
El colapso no se limita a los grandes casos que acaparan titulares. El verdadero drama reside en la justicia de a pie: el conflicto vecinal, el litigio laboral, la demanda mercantil o la denuncia que duerme el sueño de los justos. Es ahí donde el sistema revela su fragilidad. El ciudadano común hoy se enfrenta a juzgadores que vacilan en la interpretación del derecho y resuelven sin la solidez que la investidura exige.
A esta orfandad técnica se suma la sombra de la dependencia política. Un juez cuya imparcialidad está bajo sospecha es un juez que ha perdido su esencia. Sin autonomía, la credibilidad se desploma; y sin credibilidad, el Estado de derecho se convierte en una simulación.
Un Acto de Fe, No de Derecho.
En Morelos, esta incertidumbre ya no es la excepción. Empiezan a manifestarse los reclamos de los litigantes en los pasillos y los ciudadanos en las sentencias. La expectativa de recibir una justicia imparcial ha pasado de ser una garantía constitucional a ser un acto de fe.
No podemos permitir que esta precariedad se normalice. La justicia no es un botín político ni un privilegio concesionado; es el eje sobre el cual descansa la gobernabilidad y la paz social.
Sin un sistema judicial confiable, no hay desarrollo posible.
Como saldo de la Reforma al Poder Judicial, podemos señalar que si bien, la exigencia original era legítima, sin embargo, la ejecución ha sido fallida.
No bastaba con cambiar las reglas: se requerían los mejores perfiles.
No bastaba con reformar: había que fortalecer la carrera judicial.
No bastaba con prometer: había que garantizar resultados.
A casi un año de distancia, la pregunta es ineludible: ¿De qué sirvió el desmantelamiento del sistema si el ciudadano sigue huérfano de confianza?
La métrica del éxito de cualquier reforma judicial es dolorosamente simple: que quien tenga la razón, la obtenga. Hoy, en México y en Morelos, esa premisa básica ha dejado de ser una certeza para convertirse en una moneda al aire.
