A comienzos de 1998 el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea se perfilaba hacia juicio político en el Congreso de Morelos por incumplimiento de funciones públicas y omisión en el ataque a la delincuencia organizada, pero debido a las presiones ejercidas desde Los Pinos (bajo diversas vertientes) por Ernesto Zedillo se separó de la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo del mismo año, aunque en febrero de 2000 la SCJN lo inhabilitó por 12 años para asumir cargos en la administración pública federal o estatal.
El 20 de abril de 2004 ingresó al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Sergio Estrada Cajigal por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, siendo separado del cargo por el mismo cuerpo colegiado en octubre del mismo año, pero una resolución de la SCJN (controversia constitucional mediante) lo sostuvo hasta la conclusión de su sexenio. SECR tuvo el absoluto respaldo de Vicente Fox para no caerse.
El 22 de febrero de 2011 entró al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Marco Adame Castillo, también por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, pero el tema fue desechado gracias a la intervención del gobierno federal (Felipe Calderón Hinojosa) a través del entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, meses antes de morir en un accidente aéreo.
El 19 de noviembre de 2015 se presentó una solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez bajo acusaciones de malversación a un crédito de 2 mil 806 millones de pesos autorizado a finales de 2013 por el propio Congreso, pero el tema fue desechado provocando la ira de los opositores al régimen, entre quienes figuraban hombres y mujeres resentidos con el titular del Ejecutivo porque, simple y sencillamente, no fueron incluidos en ninguna área del gobierno, ni les concedieron las canonjías a que estaban acostumbrados.
Varios de aquellos personajes estuvieron incrustados en el gobierno a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre quienes destacó Gerardo Becerra, quien fuera dizque titular de la Comisión Contra la Corrupción, donde sirvió para maldita la cosa y resultó ser un traidor a quien el mandatario le otorgó toda su confianza. Este martes supimos, en voz de Blanco Bravo, que el tránsfuga Becerra quería 30 mil pesos adicionales de viáticos (además de su sueldo de alrededor de 70 mil pesitos mensuales), amén de que anhelaba el cargo de Pablo Héctor Ojeda, secretario de Gobierno. Por eso y porque además era bastante “corre, ve y dile” (chismoso, pues) y filtraba información privilegiada, Cuauhtémoc Blanco lo corrió. Asimismo, es necesario recordar que gracias al ex seleccionado nacional, Marisol Becerra de la Fuente, hija de Gerardo, tuvo empleo en el gobierno municipal 2015-2018 y fue impulsada para ser síndico municipal en la administración 2019-2021.
Y ahora Gerardo Becerra Chávez de Ita, así como Enrique Paredes Sotelo, ex abogado del sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero (¿recuerdan el caso del Mercedes Benz negro hace algunos años), pretenden que el Congreso local, vía denuncia de la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción, le instaure juicio de procedencia a Cuauhtémoc Blanco, bajo diversas acusaciones, lo cual llamó la atención mediática durante las pasadas 48 horas, sin existir nada iniciado aún en dicho cuerpo colegiado, donde, en caso de ser aceptada la solicitud del mentado juicio, habrá de transcurrir un buen tiempo hasta ver la resolución final. Ayer se le dio vuelo a la nota como si el gobernante ya estuviese sentado en el banquillo de los acusados.
Hemos visto la película muchas veces y solo los comunicadores novatos se van con la finta, aunque en el ínterin habrá diputados locales oportunistas y protagónicos, cuyo principal objetivo ha sido, hasta ahora, ganar reflectores, propaganda gratuita y raja preelectoral.
En diferentes épocas he escrito sobre “la moda de los juicios políticos”, que ha funcionado, como lo indiqué en el párrafo anterior, para que los enanos del tapanco saquen raja política y hasta recursos económicos.
En su momento, Gerardo Becerra Chávez de Ita, eterno opositor al gobierno estatal anterior, proyectó, junto con otros actores políticos, la imagen de ingobernabilidad en Morelos, a fin captar la atención del gobierno federal. De variadas maneras también pretendieron conseguir en el Senado de la República la desaparición de poderes. El 31 de julio de 2016 así lo exigió el entonces rector universitario Alejandro Vera (“hermano” de Becerra), unido al obispo de Cuernavaca Ramón Castro. Durante un buen tiempo en el sexenio de Graco, los tres personajes encabezaron el “movimiento rebelde”.
Para el 16 de agosto del mismo año volvieron a arremeter contra Graco Ramírez con una marcha contra la inseguridad, la cual solo sirvió para entorpecer el tráfico vehicular. La realidad fue que Morelos no presentaba signos de ingobernabilidad. Ninguno de los elementos esenciales de la gobernabilidad se encontraba alterado, aunque el Ejecutivo se mantenía “capoteando” el embate de los integrantes del “frente opositor”, tal como en varias ocasiones lo ha hecho Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ayer aventó madrazos, alguno de ellos dirigido a Sanz. ¿Cómo la ven? De traidores está infestado el mundo.
