La jueza federal Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, ordenó al Congreso detener la discusión de la reforma judicial programada para este lunes.
La medida responde a un amparo concedido a trabajadores que impugnaron el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual estaba previsto para ser votado en el pleno la próxima semana.
El ordenamiento de la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos implica que “dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura” que comienza el domingo, según el expediente 1251/2024
Este fallo se suma a una orden similar emitida por un juzgado de distrito en Chiapas, que también instruyó a la Cámara a no discutir el proyecto de reforma enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estas decisiones judiciales reflejan la creciente oposición a la reforma, que ha generado intensas protestas en todo el país.
Diversos colectivos de trabajadores del Poder Judicial, así como organizaciones de la sociedad civil, han manifestado su rechazo a lo que consideran un atentado contra la autonomía judicial. Señalan que las modificaciones propuestas centralizan excesivamente el control del sistema de justicia y socavan las garantías de independencia de jueces y magistrados.
Las manifestaciones, que han incluido desde plantones frente a la Cámara de Diputados hasta marchas multitudinarias en distintas ciudades del país, buscan frenar lo que describen como una reforma que vulnera los derechos laborales y la imparcialidad del Poder Judicial. Esta tensión creciente se refleja en las decisiones judiciales que marcan un punto crítico en el conflicto entre el Poder Legislativo y quienes defienden la autonomía judicial.
El falló ha recibido criticas de polliticos de Morena, un ejemplo es lo expresado Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Congreso de la Unión, tachó de inadmisible la resolución de la jueza de Morelos y consideró que “es violatorio del principio de integridad e invasión del Poder Legislativo y una violación flagrante a la Constitución”.
