El principal argumento del oficialismo para sustentar la iniciativa de reforma al Poder Judicial es que con ella se combatirán la corrupción y los privilegios. Propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros como el mecanismo para lograrlo.
Un planteamiento de esta naturaleza, algo así como la democratización del sistema de justicia federal y, posteriormente, los correspondientes sistemas de justicia en las entidades federativas, resulta políticamente muy vendible. Sin embargo, ha sido objeto de múltiples críticas y señalamientos, dentro y fuera del país.
La discusión se centra, principalmente, en tres vías: la efectividad, la operatividad y las motivaciones de la propuesta de reforma.
Respecto a la primera, la efectividad, siendo México un país en el que la influencia del crimen organizado, por un lado, se ha extendido a muchas áreas de la vida pública y privada, sin que el Estado haya sido capaz de ponerle un freno sustantivo y, por otro lado, el crecimiento de Morena como el partido con las mayores capacidades de movilización del voto popular a favor de sus candidatos, como ejemplos, abren la posibilidad de que en las elecciones de jueces, magistrados y ministros intervengan una o ambas instancias, ya bien movilizando o financiando, claro que en forma ilegal, porque no sería de otra manera, para que las y los elegidos no sean los más aptos para el desempeño del cargo, sino los más populares, mientras convengan a sus intereses.
La pregunta que surge es: ¿la elección popular de impartidores de justicia resolvería en forma efectiva el problema de la corrupción y acabaría con los privilegios o, por el contrario, permitiría la intromisión de poderes fácticos y grupos de presión, cuyos intereses, no sólo son ajenos, sino también ilegales?
Por lo que toca a la segunda, su operatividad, la organización de las elecciones correspondería al Instituto Nacional Electoral. Si ya de por sí el costo para llevar a cabo la pasada elección fue muy alto, en la que estuvieron en juego 629 cargos federales, de elección popular -una presidencia, 500 diputaciones y 128 senadurías-, hablamos de que además el INE tendría a su cargo la elección de más de 1600 cargos, únicamente para el Poder Judicial Federal. Imaginemos cuando la reforma aterrice en las entidades federativas y tengan que llevarse a proceso electoral los cargos de jueces y magistrados del fuero común. No, pues, los órganos electorales estarían más dedicados a esas elecciones que a cualquier otra de sus funciones. Y de los costos ni hablemos, porque por más barata que quieran hacer la elección, se requerirían cuantiosos recursos.
La pregunta es, ¿en la práctica, en lo operativo, resultará funcional la elección de este tipo de cargos o meterá al país y sus estados en una espiral electoral sin fin?
La tercera, las motivaciones de la reforma. Dado que el Poder Judicial Federal cuenta con atribuciones específicas para resolver los problemas entre particulares, exclusivamente cuando se trate de asuntos del orden federal, proteger los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, interpretar las leyes si hay controversias sobre su significado y aplicación, así como, la principal, ser un órgano de equilibrio entre los otros dos poderes de la Unión, para evitar, o corregir, tanto la concentración como el abuso del poder público y el incumplimiento de las disposiciones de la Carta Magna, funciones que ha cumplido su actual integración, corrigiendo o poniendo freno a los excesos en que ha incurrido el presidente, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su sexenio, mismo que reiteradamente ha mostrado su descontento con las decisiones de la SCJN e, incluso, ha señalado al Poder Judicial de estar completamente podrido y al servicio de las oligarquías, la pregunta que salta a la vista es: ¿De verdad la intención de fondo de la reforma es combatir la corrupción y los privilegios o se trata de generar en el corto plazo la concentración total del poder en la figura presidencial, contando con jueces, magistrados y ministros elegidos a modo, simulando procesos democráticos?
Y para iniciados:
Hagan como le hagan, la reforma será aprobada el día de mañana por la aplanadora legislativa en San Lázaro, para ser enviada al Senado, donde sólo necesitan un voto más para poder aprobarla. Será votada mañana, por mayoría calificada, en la Cámara de Diputados, no porque las y los legisladores así lo hayan consensado, sino porque cumplirán con la orden que han recibido desde Palacio Nacional. El Congreso de la Unión ya es una extensión del poder de Andrés Manuel López Obrador, quien por los días que restan a su mandato será el más poderoso presidente que México haya tenido, desde la mejor época del priismo hegemónico y que dejará todo listo para que Claudia Sheinbaum decida si quiere ser una presidenta demócrata o si se inscribe en la línea de la autocracia, máximo legado del obradorismo.
La información es PODER!!!
