A escasas semanas de haberse iniciado su administración, Don Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos en el sexenio 1982-1988, consiguió del (a la sazón) presidente de la República, José López Portillo, su presencia como testigo de honor durante la firma del Pacto por la Paz, la Tranquilidad y la Solidaridad de los morelenses, acto que se desarrolló en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, donde a diario se llevan a cabo las conferencias de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aquel acuerdo tuvo como objetivo principal mantener un clima de paz laboral y concordia entre los factores de la producción; es decir, evitar el estallamiento de huelgas, pero, además, conseguir el respaldo del empresariado nacional para el control de precios de los productos de consumo básico. El acto promovido por Don Lauro tuvo gran cobertura y tiempo después el relevo de López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, retomó la parte medular del Pacto, con el objetivo de evitar el descontrol de la inflación. MMH propugnaba los no incrementos de precios en los productos de la canasta básica.
Este lunes, también en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan para contener la inflación, mismo que otorga herramientas a empresas y distribuidores de alimentos para facilitar la importación de productos de la canasta básica. El principal objetivo del plan presidencial es que no se registren aumentos a la gasolina, la energía eléctrica y los precios de alimentos básicos.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, indicó que como parte del plan se mantendrán los subsidios a combustibles y se eliminarán aranceles, aunque solo se permitirá la importación de alimentos básicos sin tantísima tramitología. Las empresas que participan en el acuerdo son Tuny Atún, Grupo Pinsa Dolores, Grupo Gruma-Maseca, Minsa, Bachoco, San Juan Huevo, SuKarne, Opormex, Sigma Alimentos, Walmart, Soriana, Chedraui y Valle Verde.
Ojalá y funcionen los objetivos de este plan, pues de alguna forma u otra tendrán un impacto positivo contra la inflación hacia el final de 2022 y en la cuesta de enero de 2023; y para no alterar todavía más los elementos de la gobernabilidad, tan deteriorada debido a la inseguridad pública y la polarización política. La inflación, ni duda cabe, repercute en la elevación de la incidencia delictiva. Los delitos patrimoniales, principalmente el robo en todas sus modalidades, han aumentado hasta tornarse incontrolables.
Aquí quiero reflexionar, como lo he hecho en columnas anteriores, respecto a los altísimos sueldos que cada tres y seis años se autoasigna la burocracia dorada, no sólo de Morelos, sino también en otras entidades federativas. Ni hablar sobre lo que ocurre en el gobierno federal, donde el despilfarro de los recursos públicos, a pesar de la Cuarta Transformación y la “pobreza franciscana”, es brutal.
El tema de los altos sueldos de los funcionarios públicos y los pagos discrecionales que se autoasignan se ubicará siempre en el centro del debate público, con la justificada irritación que en algunos sectores de la sociedad provoca.
Sobre lo anterior es un experto el antes citado Rogelio Ramírez de la O, quien, en octubre de 2012, cuando era director general de la consultora Ecanal (Economic Analysis for Company Planning), escribió sobre los salarios pagados a los altos mandos gubernamentales de México. Transcribo:
“Los funcionarios públicos no pueden aspirar a percibir los salarios de altos ejecutivos de las grandes corporaciones, porque el sector privado está dedicado a generar riqueza y existen importantes incentivos en un régimen global de fuerte competencia de las empresas, mientras que en el gobierno se obtienen los recursos de los impuestos aplicados a esa riqueza. Los beneficios que obtiene un ejecutivo que opta por irse al sector público a trabajar son muy difíciles de medir, como son las relaciones internacionales, el poder de decisión sobre asuntos importantes y el prestigio que lo acompaña”.
“En el caso del sector privado, cuando las empresas generan más riqueza, conquistan nuevas tecnologías y realizan estrategias exitosas, sus logros se traducen en más utilidades para ellas. Entonces las remuneraciones en el sector privado son muy altas en función de los logros obtenidos. “Por ejemplo, el presidente de la empresa energética texana Enron, Kenneth L. Lay, rechazó un bono por 20 millones de dólares que le ofrecieron, porque no lo consideró apropiado ya que la firma se encontraba en problemas.Esos son los órdenes de remuneración que existen en la empresa privada, donde el presidente de una firma internacional puede ganar entre 20, 30 y 50 millones de dólares anuales con incentivos”.
Sin embargo, un gobierno no puede competir con esas remuneraciones porque es inconcebible. Hoy que se encuentra al frente de la Secretaría de Hacienda, Ramírez de la O se ha de enfrentar diariamente a la dificultad que implica “sacar agua de las piedras” para sufragar los altos sueldos que criticó en 2012. Además, sobre su espalda yace la complicada responsabilidad de conseguir la recaudación fiscal que garantice infinidad de partidas presupuestales operadas por las dependencias del gobierno federal. Yo no quisiera estar en sus zapatos.
