INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA PROCESO ELECTORAL EN MORELOS

Este lunes 20 de abril hablemos como se encendió el debate sobre el presupuesto electoral, pero esta vez con un elemento que no admite ligereza: la viabilidad misma del proceso electoral 2026-2027. El IMPEPAC ha solicitado una ampliación presupuestal bajo argumentos técnicos y operativos que, lejos de ser caprichosos, responden a obligaciones legales concretas. La pregunta no es si el instituto quiere más dinero, sino si el Estado está dispuesto a financiar adecuadamente la democracia que dice defender.
El pasado 17 de abril de 2026, la consejera presidenta Mireya Gally Jordá expuso con claridad el problema. Señaló que existen dos rubros críticos que requieren atención inmediata: el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuyo costo ronda los 28 millones de pesos, y la impresión de boletas electorales, que también demanda una planeación anticipada y recursos garantizados. No se trata de gastos accesorios, sino de pilares técnicos sin los cuales no puede haber certeza en una elección.
A pesar de ello, el Congreso del Estado de Morelos aprobó para 2026 un presupuesto prácticamente idéntico al de 2025, ignorando una diferencia fundamental: el año pasado no fue electoral. Este año sí lo es. Y no solo eso, sino que implica la apertura de consejos distritales y municipales, la contratación de personal eventual, la organización logística de los comicios y la implementación de sistemas tecnológicos especializados. Equiparar ambos escenarios presupuestales no es austeridad: es una lectura profundamente equivocada de la realidad.
La situación se agrava con un factor inédito: la elección judicial. Por primera vez, el estado deberá organizar comicios para elegir jueces y magistrados, una responsabilidad adicional que incrementa la carga operativa y financiera del IMPEPAC. Sin embargo, este nuevo mandato no vino acompañado de recursos suficientes, lo que coloca al órgano electoral en una posición tan absurda como riesgosa: hacer más con lo mismo, pero bajo mayor escrutinio público.
Aquí es donde la crítica deja de ser técnica y se vuelve inevitablemente política. Porque la falta de presupuesto no es un detalle administrativo, es una amenaza directa a la certeza jurídica del proceso electoral. Sin recursos oportunos, se retrasan contratos, se compromete la instalación de órganos desconcentrados y se pone en entredicho la calidad de los resultados. Y cuando eso ocurre, lo que se erosiona no es solo la operación del instituto, sino la confianza ciudadana.
La solicitud de ampliación presupuestal no debería leerse como una exigencia desmedida, sino como una advertencia responsable. Ignorarla sería insistir en una ruta que ya ha demostrado ser peligrosa: la de subestimar el costo real de organizar elecciones. En Morelos, esa factura podría pagarse muy caro.